Las cuentas de la Comisión para llegar a la verdad

Ha escuchado a 27.268 personas y abierto 365 casos. Presupuesto genera polémica.

Encuentro de la Comisión de la Verdad en el que víctimas de falsos positivos en Cali alzaron sus voces para que este flagelo no se repita en Colombia FOTO COLPRENSA

En sus cinco años de funcionamiento, la Comisión de la Verdad ha tenido que navegar entre quienes la apoyan y quienes la critican por surgir como uno de los puntos del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno. Las opiniones que suscita tienden a parecerse a las de ese mismo acuerdo: quienes son enemigos del proceso de La Habana suelen encontrarla innecesaria y quienes han estado de acuerdo con él la han defendido como un punto indispensable para entender el conflicto armado colombiano.

Lo cierto es que, con sus logros y sus polémicas, la entidad logró una ampliación a su mandato en octubre de 2021, cuando la Corte Constitucional consideró que requería nueve meses más para entregar su informe final y alargó su período hasta el próximo 27 de agosto. De ese modo, la Comisión va por su quinto año funcionando de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Juntas, esas tres instituciones conforman el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Pero, ¿qué ha hecho?

Una polémica reciente sobre el presupuesto de la Comisión de la Verdad –que algunos consideraron alto– sugirió dudas sobre el costo de funcionamiento frente a los resultados. Según las cifras oficiales, se invirtieron 116.992 millones de pesos en la Comisión, mientras que para estos ochos meses de 2022 solo se le otorgaron 70.000 millones de pesos, un presupuesto que el director administrativo de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz, consideró austero “comparado con el presupuesto de otras entidades del Estado”.

Pero sus opositores opinan lo contrario, el expresidente Álvaro Uribe, quien ha reiterado en múltiples ocasiones que no considera legítima la Comisión de la Verdad ni ninguna de las instituciones que surgieron del Acuerdo, criticó esas cifras escribiendo, entre otras cosas, que los costos de La Habana que, según él, no llegan a la ciudadanía “son inmensos”.

En contraste, académicos, ciudadanos y colectivos de víctimas apoyaron la Comisión argumentando que su mandato misional es visitar todas las regiones del país escuchando la verdad de cada comunidad y que acceder a los 32 departamentos del país y escuchar a todos los actores del conflicto requiere de esfuerzos logísticos y presupuestales, tal como lo explicó Kast.

En diálogo con EL COLOMBIANO, la comisionada de paz Lucía González –quien es una de las más cercanas al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión– explicó que precisamente uno de los retos más grandes ha sido escuchar, a veces de manera individual y a veces de manera colectiva, a las víctimas y victimarios del conflicto armado.

“Pero, además, la pandemia supuso un gran reto para nosotros porque la gente no quería que la escucháramos a través de una pantalla. Por eso nos tocó esperar y ahora estamos terminando de desatrasarnos”, explica. Y, de hecho, el argumento más fuerte de la Corte para extender el mandato fue esa ralentización del proceso por cuenta de los confinamientos por la covid-19 y la dificultad para llegar a los territorios más alejados.

Según su rendición de cuentas, desde 2017, cuando entró en funcionamiento, la Comisión ha realizado 14.136 entrevistas a nivel nacional e internacional que han permitido escuchar a 27.268 personas, entre ellas, jóvenes, excombatientes, integrantes de la Fuerza Pública, periodistas, académicos, afrodescendientes, indígenas, comunidad LGTBIQ, políticos y religiosos.

Dentro de los hitos más importantes de la Comisión, se destaca el hecho de que ha hecho entrevistas a los cinco expresidentes vivos que tiene Colombia– en 2019 y 2020 a Ernesto Samper y César Gaviria, y en 2021 a Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana– y ha logrado diálogos que en época de guerra se creían imposibles, como aquella conversación de agosto del año pasado en la que Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc, y Salvatore Mancuso, de las AUC, reconocieron sus responsabilidades y pidieron perdón a sus víctimas.

El informe final

Pero no se puede hablar de lo que ha hecho la Comisión sin mencionar su informe final. Ese documento deberá resumir los hallazgos de la Comisión y explicar cómo, de qué manera y por qué se dio la guerra en el país.

Según reveló la comisionada, la entidad ya está culminando la construcción de ese informe final que tendrá tres capítulos: “el primero dará una reflexión de fondo, el segundo recogerá los grandes hallazgos y el tercero contendrá las recomendaciones. Aunque habrá otros apartados en los que tocaremos puntos específicos como el narcotráfico, las dinámicas de los grupos armados, las afectaciones a pueblos indígenas, niños, niñas y jóvenes y las transformaciones positivas que hemos observado en la comunidad, entre otros”, detalló González.

Por ahora, la Comisión entró en su etapa de finalización, pues solo tiene hasta el 27 de junio de este año para entregar el informe y dos meses más para socializarlo con todas las partes implicadas. Sobre la polarización que generará el informe, Lucía González aseguró que “habrá a algunos que no les interesa la verdad” pero que confía en que se ha construido una “masa crítica” que comprende la importancia de conocer todo lo que pasó en el conflicto.

Así mismo advirtió que la entidad está haciendo un trabajo juicioso y “un esfuerzo” por escribir el informe en un lenguaje conciliador, “pero eso no impedirá que descalifiquen el informe y eso lo tenemos claro: muchos aún tienen miedo de la verdad”, concluyó la comisionada

70.000

millones de pesos es el presupuesto de la Comisión de la Verdad para 2022.