Mientras que la Fiscalía General de la Nación anunció hace unos días que imputará cargos contra la periodista que reveló el audio en el que Juan Pablo Bieri, cuando era gerente de RTVC, ordenaba el cierre del programa ‘Los puros criollos’, la Procuraduría tomó el caso desde otro ángulo. El Ministerio Público formuló cargos contra Bieri por, presuntamente, extralimitarse en sus funciones.
El caso comenzó en diciembre de 2018, cuando Diana Marcela Díaz, entonces directora del canal Señal Colombia, grabó una conversación en la que Bieri ordenó en una reunión, en la que también estaban los asesores José Martín Pimiento y María Alejandra Cendales, que no se emitiera de nuevo el programa que conducía Santiago Rivas, indicando que debía salir del prime time y que, en caso de seguir pasándose, solo podría hacerlo entre las 2 o las 3 de la mañana con la intención de “desaparecer o matar la producción”.
Para la Procuraduría, Bieri incurrió en tres faltas pues habría abusado de su autoridad, censurado a Rivas e incurrido en una posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión.
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“No nos encontramos ante una tertulia entre cuatro individuos particulares, o incluso funcionarios, dentro de su ámbito privado, sino ante una reunión adelantada dentro del ámbito estrictamente laboral entre cuatro servidores públicos en ejercicio de sus cargos”, indicó la Procuraduría en el pliego de cargos. Por eso, siguió el ente de control, “la grabación de audio de lo ocurrido en ella por parte de uno de sus participantes no vulnera el derecho a la intimidad de ninguno de quienes hicieron parte de la misma”.
La entidad dirigida por Fernando Carrillo indicó que el primer cargo fue por, presuntamente, extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, falta que fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa gravísima. En el segundo cargo, la Procuraduría cuestionó que Bieri, presuntamente, abusara de su autoridad, ordenando no transmitir la nueva temporada de ‘Los puros criollos’ programada para enero de 2019. Y el último, porque “el exgerente habría podido incurrir en una presunta configuración de censura en detrimento de los derechos a la libertad de expresión y opinión” de Rivas.
Por último, la Procuraduría ordenó el traslado del expediente a la Fiscalía para que adelante las acciones penales con relación a la conducta de Bieri.
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Sin embargo, como se mencionó, la Fiscalía avanza en el caso de manera distinta. Bieri denunció ante la Fiscalía a Díaz en marzo de 2019 por el delito de utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva. “Preocupa que el derecho a la privacidad se vulnere con chuzadas o grabaciones ilegales”, había dicho Bieri.
La Fiscalía, en un comunicado, explicó que “de acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida por la Fiscalía, la señora Diana Marcela Díaz Soto fue funcionaria pública, ligada a RTVC Sistema de Medios Públicos y, al parecer, habría incurrido en un tipo penal y supuestamente usó en provecho propio información allegada a su conocimiento por razones de su función y que debía permanecer en reserva”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que dio a conocer el audio, rechazó la imputación en contra de Díaz y aseguró que la investigación se valió “de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados”.
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