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No contar plenamente la verdad o contarla a medias, no reconocer hechos tan dolorosos como varias ejecuciones extrajudiciales y, por el contrario, aseverar que esos homicidios fueron cometidos por ignorancia o ausencia de juicio moral, y no reconocer la verdad, son algunas de las razones por las que las víctimas solicitaron a la Justicia Especial para la Paz la exclusión del general (r) Mario Montoya.
“Todo lo anterior ha llevado a las víctimas a expresar su rechazo a lo que consideran una burla y un fraude a la verdad, y que constituye una violación al régimen de condicionalidad”, expresaron en una carta enviada a la JEP 50 familias afectadas por el flagelo de las ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con la JEP, los comparecientes están obligados a aportar verdad plena, es decir, “relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades”.
No obstante, las víctimas consideran que en el caso del general (r) Montoya, este precepto no se ha cumplido, por lo que exigen que esta justicia transicional abra un incidente de incumplimiento que lleve a la exclusión de la JEP y, en esa vía, pierda los beneficios.
“En la diligencia voluntaria, contrario al deber adquirido, ha pretendido negar lo ya probado y establecido por la justicia ordinaria: que no se trata de hechos aislados , sino que los mismos tiene el carácter de sistemáticos y por ende constituyen crímenes de lesa humanidad, y que esos crímenes tienen el carácter de organizacional debido a que se otorgaron estímulos para aumentar su producción”, dice la carta firmada por las víctimas.
El general (r) Mario Montoya firmó el acta de sometimiento ante la JEP el 17 de octubre de 2018, y sus primeras versiones se dieron en febrero de 2020. Con sus declaraciones se buscan aclarar 2.429 “falsos positivos” documentados por la Fiscalía y remitidos a la justicia transicional, las cuales se cometieron bajo su mando cuando era comandante del Ejército entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.
A la par de la petición de expulsión de Montoya, la Corporación Jurídica Libertad (CJL), las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia Tejiendo Memorias, y otras organizaciones no gubernamentales, entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas (SRVR) de la JEP, un informe en el que se detallaron las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003 en Antioquia y Chocó.
El documento La Brigada más “Efectiva”: Crímenes de la Cuarta Brigada bajo la seguridad democrática y el Plan Colombia (2002-2003) registró 111 casos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 232 víctimas, las cuales fueron presentadas como muertes en combate por la IV Brigada.
Señala la CJL, que los datos del informe coinciden con el periodo de comandancia de Montoya en la IV Brigada, “hechos ante los cuales también ha guardado silencio”.