En un comunicado por medio de sus redes sociales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha condenado las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de un grupo de militares que intimidaron a civiles en la región de Tierralta, Córdoba.
Las denuncias, conocidas en los últimos días, revelaron que estos militares que amenazaron a campesinos de la vereda Bocas del Manso, se trataban de miembros del Ejército.
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La Oficina del Alto Comisionado ha expresado su preocupación por estos hechos. También indicaron que llevarán a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido y asegurar que se haga justicia.
“Condenamos presuntas violaciones de derechos humanos de integrantes del Ejército en contra de población de Tierra Alta, Córdoba. Tomamos nota del comunicado del ejército y acciones de instituciones del Estado para investigar lo ocurrido. Urgimos por protección y respeto a la población”, dijo la entidad.
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La ONU para los Derechos Humanos reiteró su compromiso de seguir monitoreando la situación para garantizar que se respeten y protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Otras entidades del país también se han pronunciado al respecto, pidiendo al Gobierno y a las autoridades investigar las acciones que constituirían una violación a los derechos humanos.
“Solicitamos a las autoridades civiles y militares adelantar con la mayor celeridad las investigaciones relacionadas con lo sucedido en Tierralta y en particular con el actuar de los soldados del Batallón de Infantería N. 33 ‘Batalla de Junín’, de la Décima Primera Brigada, quienes estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional, según lo advierte el Comando de la Séptima División del Ejército”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Además, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación se dirigieron al Gobierno solicitando garantías a los funcionarios de estas entidades, debido a que el pasado miércoles un helicóptero que transportaba a investigadores pertenecientes a las instituciones, fue objeto de un ataque en la región de Tierralta, Córdoba.
El fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello expresaron su preocupación por este acto de violencia que puso en riesgo la seguridad de los funcionarios encargados de llevar a cabo investigaciones en la zona.
“Nos dirigimos a su despacho para solicitar su intervención, como comandante supremo de la Fuerza Pública, a efectos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de nuestras instituciones. En este caso, en lo concerniente al acceso a los territorios del país para llevar a cabo las investigaciones por la posible comisión de violaciones a los derechos humanos”, dice el comunicado de ambos líderes de las instituciones judiciales.
Por las intimidaciones de los militares, hecho que ocurrió el pasado martes 12 de septiembre, la Fiscalía inició investigaciones y se llamará a 30 militares que serán sometidos a interrogatorios. Además, el Ejército separó a 10 soldados de su cargo.
