El Tribunal Superior de Cartagena dejó sin efectos la tutela presentada por la Refinería de Cartagena, con la que buscaba frenar el cobro de $1,3 billones por concepto de IVA a la importación de combustibles entre 2022 y 2024.
En un fallo de ocho páginas, la Sala Civil-Familia determinó que la decisión en primer instancia que frenaba el cobro (que activaba la posibilidad de un cobro retroactivo, el embargo de cuentas de la filial de Grupo Ecopetrol y hasta un cese de operaciones), no cumplía con los requisitos de procedencia.
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“En principio la acción de tutela no es el mecanismo correcto para controvertir un acto administrativo”, señaló el tribunal, quien agregó que el escenario en el que se debe dirimir el cobro del IVA es la jurisdicción contencioso-administrativo.
Si bien la accionante invoca la posible afectación de su operación y de su estabilidad financiera como consecuencia de las actuaciones de la Dian, el Tribunal detalló que no se acreditó en el expediente elementos objetivos, actuales e inminentes que permitan concluir la configuración de un perjuicio irremediable en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional.
Qué dijo la Unión Sindical Obrera de Trabajadores de Ecopetrol sobre la decisión del Tribunal de Cartagena
Frente a la decisión, la Unión Sindical Obrera de Trabajadores de Ecopetrol expresó su rechazo por la decisión del tribunal y alertó que el cobro pone en riesgo el suministro de combustibles en la costa Caribe.
“Estamos en desacuerdo con el cobro de la Dian y los REA, que han impuesto a la Refinería de Cartagena porque ponen en riesgo sus finanzas, el suministro de combustible en la Costa Caribe y la estabilidad financiera del grupo empresarial”, señalaron desde X.
La USO también comentó que la Dian está haciendo una interpretación del Estatuto Tributario que perjudica “al principal activo de Ecopetrol y pone en riesgo la estabilidad laboral de los y las trabajadoras de la Refinería de Cartagena”.
Un cobro coactivo implicaría un embargo de las cuentas de Reficar (de la casa matriz de Grupo Ecopetrol) y pondría en riesgo 47% de la refinación de crudo actual equivalente a 194.100 barriles de petróleo diarios, promedio de refinación hasta septiembre de 2025.
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Para la USO, el cobro del IVA del 19% constituye un acto “arbitrario y desproporcionado”, derivado de una auto interpretación del Estatuto Tributario por parte de la autoridad fiscal.
Según el sindicato, la Dian aplicó el concepto sin un sustento jurídico sólido y con retroactividad sobre los años 2022 a 2024, a pesar de que Reficar siempre operó bajo un régimen de zona franca.
“La decisión de la Dian puede llevar al embargo de las cuentas de Reficar, obligándola a detener su operación, lo que sería un golpe directo a la infraestructura energética nacional”, advirtió la USO.
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