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MinHacienda revela detalles sobre la reunión de este lunes con gobernadores para revisar emergencia económica

El ministro Germán Ávila explicó cómo la emergencia económica redistribuye impuestos, responde a gobernadores y refuerza controles contra el contrabando.

  • Germán Ávila, ministro de Hacienda. FOTO COLPRENSA.
    Germán Ávila, ministro de Hacienda. FOTO COLPRENSA.
hace 2 horas
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que este lunes se realizará una reunión con todos los gobernadores del país para analizar los efectos de la emergencia económica y responder a las inquietudes de las regiones. El encuentro busca, según explicó, “reflexionar sobre toda la propuesta” presentada por los mandatarios y revisar las medidas ya implementadas bajo el decreto de emergencia.

Esto como una respuesta a un abierto desacuerdo de un bloque compuesto por 20 de los 32 mandatarios departamentales. Esos mandatarios regionales, entre ellos el gobernador antioqueño, Andrés Julián Rendón, decidieron plantarse frente al presidente Gustavo Petro, declarándose en abierta resistencia contra la emergencia económica.

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Las protestas de algunos gobernadores se han concentrado en el posible impacto sobre las finanzas departamentales, en particular por los cambios tributarios aplicados a licores y cigarrillos, rubros clave para los ingresos regionales.

“Ingresos departamentales no se reducen”

Ávila en entrevista con Caracol Radio sostuvo que la emergencia económica no recorta los ingresos de los departamentos. De acuerdo con el ministro, la estructura de los nuevos impuestos establece con claridad que los recursos adicionales derivados del aumento de tarifas serán percibidos únicamente por la Nación.

“Está claramente establecido que a la Nación le corresponde ese ingreso adicional derivado del incremento en la tarifa”, explicó. En el caso del IVA a los licores, precisó que el aumento pasa del 5 % al 19 %, pero “solamente el Gobierno va a recibir los incrementos adicionales de estos 14 puntos porcentuales”.

El ministro detalló que los ingresos actuales de los departamentos serán reconocidos mediante una metodología que busca dar estabilidad fiscal a las regiones. Esta fórmula parte de los recaudos de 2025 y los ajusta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026.

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“Los ingresos de los departamentos van a ser reconocidos... y solamente estos ingresos adicionales son los que van a ser percibidos por la Nación”, indicó Ávila, al reiterar que no habrá detrimento en las rentas territoriales.

Contrabando, la mayor preocupación de los gobernadores

En días recientes, al menos 20 gobernadores del país han expresado de manera pública su desacuerdo con el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional. Los mandatarios regionales alertan que las medidas tributarias adoptadas —en particular el incremento del IVA y del impuesto al consumo sobre licores, vinos, aperitivos y cigarrillos— podrían incentivar el contrabando y generar un impacto negativo significativo en las finanzas de los departamentos.

Frente a este riesgo de un incremento de ese comercio ilegal, el alto funcionario reconoció que “siempre hay que considerar que un incremento impositivo en cualquier producto tiene la posibilidad de la expectativa de que se incremente el consumo por las vías no legales”, pero subrayó que esa expectativa no puede ser la base para definir la política tributaria.

Argumento que el Gobierno avanza en el diseño de mecanismos de control más estrictos para evitar un aumento del contrabando. Estas acciones se están estructurando de manera conjunta con la Dian y la Policía Nacional.

“Vamos a implementar unas metodologías de control muy estricto de las rentas... con el fin de evitar cualquier incremento en el contrabando”, afirmó. Además, señaló que parte de los recursos obtenidos con la emergencia económica se destinarán al fortalecimiento de la infraestructura de la fuerza pública, como herramienta clave para combatir estas prácticas ilegales.

Confianza en el aval de la Corte Constitucional

Hay que precisar que dicho decreto ha sido demandado y se espera un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional que suspenda o tumbe el decreto de emergencia. Ante este escenario, Ávila afirmó que el Gobierno mantiene comunicación permanente con el alto tribunal.

“Hemos mantenido una comunicación con la Corte respondiendo las inquietudes que ellos han manifestado”, dijo, y agregó que el Ejecutivo confía en que la Corte entenderá “la importancia de la coyuntura” y la necesidad de los nuevos recursos, dados los hechos sobrevinientes desde finales de diciembre del año pasado.

Por ahora, el Gobierno trabaja bajo el escenario de que la emergencia económica será validada y que las medidas fiscales seguirán vigentes.

Antioquia no aplicará el decreto de emergencia económica

El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y las regiones se intensificó luego de que la Gobernación de Antioquia anunciara que no acogerá las medidas tributarias del decreto de emergencia económica expedido por el Ministerio de Hacienda. Según conoció EL COLOMBIANO, el departamento considera que estas disposiciones son inconstitucionales y vulneran la autonomía fiscal de los entes territoriales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó que el decreto será inaplicado en su componente tributario al estimar que contraría la Constitución. Señaló que el mayor impacto recaería sobre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las principales fuentes de ingresos del departamento. La decisión se fundamenta en la excepción de inconstitucionalidad, figura que permite no aplicar la norma mientras la Corte Constitucional no emita un fallo de fondo.

Desde la Gobernación explicaron que esta medida busca evitar un perjuicio irremediable derivado de un cobro tributario que consideran contrario a la Carta Magna. “La Constitución es la norma de normas; ningún acto administrativo o ley está por encima de la Carta Magna”, sostuvo Rendón, al advertir que la aplicación inmediata del decreto tendría un impacto desproporcionado sobre las finanzas departamentales.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el Decreto 1474 generaría pérdidas superiores a $40.000 millones para Antioquia. El gobernador advirtió que el Gobierno Nacional absorbería todo el crecimiento de la FLA, lo que implicaría que recursos tradicionalmente destinados a financiar salud y educación en los departamentos terminarían cubriendo el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación de 2026.

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