La decisión final deberá ser tomada por conjueces después de las elecciones legislativas del fin de semana.
La decisión de imponer una medida de aseguramiento contra los congresistas implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedó aplazada en la Corte Suprema de Justicia, tras registrarse un empate en la votación de los magistrados.
La situación ocurrió en la Sala de Instrucción, que este jueves debatió sobre la posibilidad de enviar a la cárcel o no a cinco corporados y un excongresista sospechosos del entramado.
La Sala no logró alcanzar una mayoría en la decisión, por lo que se determinó la incorporación de dos conjueces al proceso. Ellos deberán conocer la ponencia y se espera que el caso vuelva a discutirse en una nueva sesión prevista para el próximo miércoles.
La discusión gira en torno a la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien propone acusar formalmente y enviar a prisión a los congresistas.
El documento plantea que existen elementos suficientes para llamar a juicio a los seis aforados por su presunta participación en el entramado de corrupción que desvió recursos destinados a atender emergencias en el país. Los investigados son los congresistas Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique, Juan Pablo Gallo, así como el exrepresentante Juan Diego Muñoz.
De acuerdo con la ponencia, los implicados deberían responder en juicio por el delito de cohecho impropio, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad encargada de la gestión del riesgo en Colombia.
El proceso cuenta con más de 50 elementos documentales recaudados mediante órdenes de policía judicial y al menos 10 testimonios incorporados al expediente.
Por un lado, existe un bloque dispuesto a llamar a juicio, aunque sin detención preventiva, ya que se considera que los procesados no representan un riesgo para el proceso judicial ni para la sociedad.
Por otro lado, persiste una corriente crítica, de la que participa la magistrada Cristina Lombana, que pone en duda la validez del trámite del procedimiento y advierte sobre posibles irregularidades que viciarían el caso.
Uno de los puntos que genera controversia es la filtración anticipada del sentido de la ponencia, lo que también ha generado malestar dentro de la corporación.
Esta decisión les permitiría participar en los comicios a Karen Manrique y Wadith Manzur, quienes actualmente figuran como candidatos para las elecciones de este domingo 8 de marzo.
Por su parte, Manzur figura entre los candidatos al Senado por el Partido Conservador en Córdoba, uno de los territorios con un peso político importante.
Del lado de Manrique —otra candidatura salpicada por este caso de la UNGRD—, busca la reelección en la circunscripción especial de paz.
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