Caracol Radio tuvo acceso a documentos internos de Ecopetrol, contratos societarios y un informe de la firma de inteligencia de riesgos Control Risks que revelan una de las tramas más perturbadoras en la historia reciente de la petrolera estatal colombiana: Alejandro Betancourt López y Francisco Convit Guruceaga.
Los dos son identificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) como conspiradores en el robo de US$1.200 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Ambos han sido objeto de múltiples investigaciones judiciales internacionales. Como conoció esta redacción, Betancourt fue detenido dos veces en Londres en 2025, la última vez bajo una orden de extradición emitida desde Suiza, en el marco de pesquisas por blanqueo de capitales y desvío de fondos públicos venezolanos. Convit, imputado formalmente en EE. UU. desde 2018, permanece prófugo.
En la lista también está Harry Sargeant III, quien es señalado en el Congreso norteamericano por “pillaje de guerra” y desautorizado públicamente por Donald Trump en febrero de 2026.
Estos tres nombres penetraron el ecosistema de negocios de Ecopetrol durante la presidencia de Ricardo Roa.
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La permanencia de estos actores dentro de estructuras vinculadas a Ecopetrol ocurrió mientras Ricardo Roa enfrentaba presiones por investigaciones disciplinarias y cuestionamientos sobre su gestión.
Un contrato celebrado en 2024 entre Ecopetrol y la firma internacional Covington & Burling LLP, destinado inicialmente a evaluar impactos reputacionales en torno a las pesquisas sobre Roa, fue modificado mediante un “otrosí” que elevó su valor de US$875.000 a US$5,8 millones, sin autorización de la Junta Directiva, lo que detonó investigaciones disciplinarias y auditorías internas.
Incluso el caso condujo a la apertura de indagaciones formales contra altos directivos y funcionarios del área de cumplimiento, incluidos quienes tenían la responsabilidad de revisar estructuras societarias como las de Genser Power Inc.
Quiénes son los personajes: el expediente del DOJ y los pasaportes en los archivos de Ecopetrol
El hilo conductor de esta historia comienza en un documento fechado el 23 de octubre de 2024. Ese día, la Dirección Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol elaboró un informe confidencial sobre los beneficiarios reales de Genser Power Inc., una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas que controla el 49% de Termomorichal S.A.S.
Esa es la misma empresa a la que Ecopetrol acababa de pagarle US$42 millones por unas plantas de energía en Campo Rubiales.
En ese documento aparecen listados con número de pasaporte: Leopoldo Alejandro Betancourt López (pasaporte 88750844) y Francisco Convit Guruceaga (pasaporte 57987019).
Ambos son fundadores de Derwick Associates, la empresa venezolana acusada por el DOJ de sobornar a funcionarios de PDVSA para obtener contratos con sobreprecio por un valor total de US$2.900 millones.
Convit fue formalmente imputado en Estados Unidos desde 2018 y hoy es prófugo de la justicia. Betancourt, identificado en el mismo expediente como Conspirador No. 2, fue detenido en dos ocasiones en Londres durante 2025, la última bajo una orden de extradición solicitada por Suiza, y enfrenta una audiencia de extradición fijada para el 5 de mayo de 2026.
Las acusaciones en su contra no se limitan al desfalco a PDVSA, también incluyen cargos de lavado de activos.
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El informe confidencial que Ecopetrol tenía desde 2023 y no frenó el pago
Lo más inquietante del caso no es la red de conexiones, sino la cronología de las alertas internas. De acuerdo con la investigación de Caracol Radio, un due diligence interno de Ecopetrol fechado el 8 de junio de 2023, apenas 43 días después de la posesión de Ricardo Roa como presidente de la empresa, ya identificaba a Betancourt y Convit como beneficiarios reales de Termomorichal.
También citaba expresamente la imputación del DOJ contra Convit, además del vínculo de Betancourt con “el depósito de US$500 millones en el Gazprombank del Líbano, dineros pertenecientes a la CVG” (Corporación Venezolana de Guayana).
Como se lee en el informe de la cadena radial, el mismo documento de 2023 contenía otra alerta que comprometía directamente al presidente de Ecopetrol, hacía constar que Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, había trabajado como líder de compras en Termomorichal hasta diciembre de 2021.
A pesar de todo esto, Ecopetrol no detuvo la operación. En junio de 2024, la empresa pagó los US$42 millones a Termomorichal.
Y los dividendos de ese año, unos $72.600 millones, equivalentes a aproximadamente US$17,5 millones, fluyeron directamente a la cuenta bancaria de Genser Power Inc. en las Islas Vírgenes Británicas, según consta en las notas a los estados financieros de Termomorichal al 31 de diciembre de 2024, firmados el 12 de marzo de 2025.
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Control Risks y la opacidad offshore: lo que los informes de diligencia no pudieron resolver
Un informe previo de Control Risks, elaborado para Ecopetrol en marzo de 2024, ya había identificado que los beneficiarios finales del Grupo Genser eran los empresarios venezolanos José Francisco Arata, Miguel de la Campa y Serafino Iacono, todos exdirectivos de Pacific Rubiales, a través de Blue Pacific Asset Corporation, sociedad registrada también en las Islas Vírgenes Británicas.
Como lo revela Caracol Radio, el informe interno de octubre de 2024 también apunta a Serafino Iácono como beneficiario real de Genser Power Inc., aunque el empresario insiste en que para el momento del pago de los US$42 millones él ya no era socio de la compañía.
Asimismo, Caracol Radio le solicitó a Iácono información sobre la presencia de Betancourt y Convit en Genser, pero el empresario no respondió.
Lo que los informes de due diligence nunca pudieron resolver con certeza es la identidad precisa de todos los beneficiarios de Genser Power Inc., la sociedad holding final, cuya opacidad offshore hace imposible una verificación completa sin cooperación judicial internacional.
Sargeant III: el magnate del petróleo de Florida que Trump rechazó públicamente
La presencia del magnate petrolero de Florida Harry Sargeant III en este ecosistema es más indirecta, pero igualmente documentada.
Como se lee en el informe de la cadena radial, en 2024, Sargeant constituyó en Caracas, en la misma dirección y con los mismos apoderados que su empresa NABEP, la sociedad LNGEG Growth I Corp., subsidiaria de LNG Energy Group.
Esta última empresa adquirió Lewis Energy Colombia en 2023 y opera bloques gasíferos junto a Hocol, filial de Ecopetrol, en el Caribe colombiano.
La conexión con el universo de Betancourt tampoco es casual, según un contrato confidencial suscrito con PDVSA el 17 de abril de 2024, revelado por el portal Armando.info, Sargeant es socio de Betancourt en la operación venezolana de NABEP.
La trayectoria de Sargeant acumula señalamientos que se remontan a tres décadas. En 2008, el representante Henry Waxman lo acusó ante el Comité de Supervisión del Congreso de “la peor forma de pillaje de guerra” tras cobrarle al Pentágono entre US$160 millones y US$204 millones de más en contratos de combustible para las tropas en Iraq, una cifra que una auditoría del inspector general del Departamento de Defensa terminó confirmando.
En 2019-2020, mensajes de WhatsApp suyos con Lev Parnas fueron presentados en el juicio político a Trump ante la Cámara de Representantes, en ellos se evidenciaba que Sargeant supo del retiro de la embajadora Marie Yovanovitch antes que el propio Congreso y respondió con un entusiasta “Perfect” cuando se confirmó su destitución.
El capítulo más reciente llegó el 12 de febrero de 2026, cuando el propio presidente Donald Trump lo desautorizó públicamente en Truth Social.
El detonante fue un reportaje del Wall Street Journal titulado ‘¿Salvador o supervillano? La apuesta de un aliado de Trump para desbloquear el petróleo venezolano’, que describía a Sargeant como el único empresario estadounidense capaz de moverse entre Mar-a-Lago y el Palacio de Miraflores, y revelaba que Maduro lo llamaba cariñosamente “abuelo”.
La respuesta de Trump fue tajante: “Él no tiene autoridad, de ninguna manera, forma o modo, para actuar en nombre de Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado”.
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El hilo Iácono: de Pacific Rubiales a LNG Energy y el apartamento de Roa
La figura de Serafino Iácono aparece como un nodo central en varias de las conexiones documentadas. Según revela Armando.info, el CEO de LNG Energy en Colombia es Pablo Navarro, el ejecutivo de Bank of America que trabajaba de la mano con Iácono en los tiempos de Pacific Rubiales.
Iácono también es relevante por otro punto, su firma Princeton International Holdings es la empresa que vendió un apartamento a Ricardo Roa.
Cabe recordar que la Procuraduría General ordenó en junio de 2025 que Ecopetrol entregara los contratos con Lewis Energy y LNG Energy, y solicitó a la Cámara de Comercio los registros de esas empresas y los de Princeton International Holdings.
Asimismo, un informe de Asuntos Legales demostró que el pago que Ecopetrol realizó por las plantas de generación eléctrica de Termomorichal, por más de US$42 millones, terminó en una red de empresas con sede en Islas Vírgenes Británicas, vinculadas al empresario petrolero Serafino Iácono, exsocio de Pacific Rubiales y controlante del holding Blue Pacific Assets Corporation, matriz de Genser Power Inc.
Junta directiva de Ecopetrol conocía los riesgos
El pago de los US$42 millones no fue una decisión unilateral del presidente de Ecopetrol. La junta directiva de la empresa, que para esa época incluía a los cinco miembros designados por el Gobierno Petro en marzo de 2024: Ángela María Robledo, Tatiana Roa, Guillermo García Realpe, Álvaro Torres Macías y Edwin Palma, debió revisar y aprobar tanto la transacción como los informes de due diligence que la sustentaban.
La exigencia es de especial peso considerando que Ecopetrol está listada en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y sujeta a las normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Además, la gobernanza de una empresa bajo esos estándares exige que la junta conozca los riesgos de cumplimiento antes de autorizar pagos de esta magnitud.
En ese orden, los informes de Control Risks de marzo de 2024 y el documento interno de cumplimiento de octubre de 2024 eran material al que la junta tenía acceso o debía haber tenido.
Con todas esas alertas sobre la mesa, incluyendo las imputaciones del DOJ contra Convit y Betancourt, el vínculo de la pareja de Roa con Termomorichal, y la estructura offshore opaca de Genser Power Inc., Ecopetrol pagó de todas formas los US$42 millones en junio de 2024.
¿Cuál es el estado actual de las investigaciones? La Fiscalía General tiene 30 días desde la imputación de marzo de 2025 para presentar su escrito de acusación formal.
La Procuraduría General ya ordenó a Ecopetrol la entrega de contratos con Lewis Energy y LNG Energy, e interrogó a la Cámara de Comercio sobre los registros de estas empresas y de Princeton International Holdings.
En el plano internacional, el expediente de Betancourt en Suiza, con audiencia de extradición fijada para el 5 de mayo de 2026, podría aportar evidencia adicional y hasta ahora desconocida sobre los flujos de dinero que terminaron en las cuentas de Genser Power Inc. en las Islas Vírgenes Británicas.
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