Como suele suceder tras una reforma tributaria, no todas las partes quedaron “satisfechas” tras la aprobación de la ley de Inversión Social del Gobierno. Es el caso de los gremios, que si bien sabían que el empresariado que representan responderá por el grueso del nuevo recaudo, se quedaron esperando ajustes –principalmente en impuestos– que no llegaron.
Por ejemplo, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, gremio de micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia, se refirió a la deuda que quedó con la implementación de una tarifa diferencial en el impuesto de renta, es decir, que la tasa a la que tributan las compañías sea acorde a su tamaño.
De hecho, durante el debate de la reforma, esa propuesta fue hecha por la oposición que pedía una tarifa de 15 % para empresas micro, 20 % para pequeñas, 25 % a medianas y 35 % a grandes. Idea que no tuvo respaldo, por lo que se acogió la propuesta original del Gobierno: subir la tarifa de renta de 30 % a 35 % para todo el empresariado.
Pese a ello, la presidenta de Acopi confió en que una futura reforma estructural pueda incluir esa petición y valoró puntos del articulado como la ampliación del subsidio a la nómina hasta diciembre y el ajuste del limbo del régimen simple de tributación de 80.000 UVT a 100.000 UVT, para que más firmas se acojan.
Comercio y restaurantes
Postura similar fue la de Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, gremio de los comerciantes: vio positivo el texto aprobado, pero a su juicio hubo ajustes necesarios que quedaron por fuera. “La aprobación de la reforma tributaria es una buena señal para la financiación del Gobierno en lo que resta del periodo y, segundo, para la comunidad internacional (calificadoras y mercado)”, expresó.
No obstante, el líder gremial manifestó su inquietud porque se restringen “a factura electrónica los días sin IVA”, con lo que comercios a los que hoy se les dificulta generarla no podrían aprovechar esas jornadas. Así mismo, mostró su preocupación sobre la llegada de productos originados en el exterior, vía Estados Unidos, y desde plataformas internacionales, toda vez que lo harían “exentos de IVA y arancel” y afectarían al mercado nacional.
Eso sí, Fenalco apreció que la reforma extienda el subsidio a la nómina y apoye a empresas afectadas por el Paro Nacional, y que no incluya impuestos a las bebidas azucaradas, que fue uno de los temas más fuertes del debate.
Por su lado, el sector gastronómico, representado por Acodrés, lamentó que los beneficios de exoneración de IVA e impuesto al consumo el próximo año se otorgue solo a bares y restaurantes que pertenecen al régimen simple de tributación, pues en su concepto debieron llegar a toda la cadena.
“Extender el estímulo solo a los establecimientos del régimen simple significará un aumento de precios finales para aquellos restaurantes que no están en ese modelo, lo que sin duda desbalanceará la demanda de los clientes”, dijo Henrique Gómez París, presidente de Acodrés.
Mirada académica
En concepto de Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, a la tributaria le hicieron falta bastantes cosas. “Debió tener mecanismos muy claros en contra de la evasión, en vez de crear nuevos beneficios para los evasores de impuestos que pueden acogerse a una nueva normalización, es decir, una amnistía tributaria”.
Consideró Reyes que la reforma “deja qué desear” en cuanto al monto del recaudo ($15,2 billones), las herramientas que le permitan a la Dian controlar la evasión y “claramente dentro de poco se va a requerir otra reforma y no es claro que haya un ambiente político para lograrlo”.
Por su parte, el investigador económico de la Universidad Sergio Arboleda, Luis Fernando Ramírez, resaltó que aunque la Inversión Social no es la solución de fondo a los problemas fiscales de Colombia, aliviará el déficit para 2022, que es un tema crítico.
En este contexto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio que representa a empresarios, sacó el “lado positivo” de la estrategia y exaltó que no toca a hogares, pensionados, ni canasta familiar, al tiempo que “es una reforma costosa y será difícil para las compañías, pero somos conscientes de que esta era la única alternativa que teníamos como país para estabilizar las finanzas públicas y asumimos esta responsabilidad”
