La decisión por parte del Ministerio de Educación de imponer medidas preventivas y sancionatorias contra la Fundación de Educación Superior San José, relacionada con el escándalo de Juliana Guerrero, generó reacciones en las representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes calificaron las medidas de la entidad como insuficientes.
Estas incluyeron la formulación de cargos a la Fundación San José, a su rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez.
Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso que busca dar el salto al Senado, aseguró que la medida es insuficiente, ya que “no hay toma de activos ni sustitución de las directivas de la San José”.
Incluso, reclamó al ministro de Educación Daniel Rojas Medellín que a la Universidad de Antioquia sí la intervinieron, mientras con la San José llevan seis meses “rogando”.
“¿Qué más necesitan? Ya hicimos la investigación por ustedes, hay imputados por falsos títulos, hasta llegó primero la Fiscalía que ustedes y todavía siguen los mismos directivos allá. ¡No más negligencia!”, aseguró Pedraza en su cuenta de X.
Por su parte, la representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, reclamó al Ministerio de Educación que era “falso” que impusieran las más altas medidas contra la Fundación San José, como anunció esa cartera.
“Las medidas más drásticas incluían una intervención en la universidad: remoción de directivas y toma total del control por parte del Ministerio. Pero como esta institución tiene amigos en el Gobierno, se limitaron a pedirle a las mismas directivas corruptas que por favor mejoren. Increíble”, sentenció Juvinao.
Luego, calificó la medida de una “vigilancia preventiva” por parte del Ministerio como un “chorro de babas”.
La respuesta del ministro de Educación, Daniel Rojas
El ministro de Educación, Daniel Rojas, le respondió directamente a Pedraza por redes sociales. En su mensaje, el funcionario arremetió contra la representante y la acusó de buscar beneficios electorales:
“Este tipo de medidas no se toman a la ligera como usted candidata quisiera y menos se toman a demanda de su campaña política. Mi trabajo no puede supeditarse a su urgencia electoral. Si le queda tiempo en estos días de búsqueda intensa de votos podrá averiguar y entender que el proceso de la U de Antioquia está respaldado por meses de trabajo, de medidas rigurosas y con absoluto respeto al debido proceso”.
Pedraza solicitó una mesa técnica
Justo antes de que se anunciaran las medidas, Pedraza solicitó al ministerio de Educación ―y al ministro Daniel Rojas― una mesa técnica para atender la situación de estudiantes y egresados de la San José.
La parlamentaria se refirió a que “hay cientos de personas con incertidumbre sobre sus títulos y sobre los estudios que hoy están cursando” e hizo un llamado a que “ninguna institución puede jugar con los sueños de la gente”.
Y añadió que “más allá de las actuaciones administrativas, disciplinarias y penales en curso, resulta indispensable que el Ministerio de Educación Nacional habilite un espacio institucional de diálogo para recoger de primera mano las preocupaciones, testimonios y necesidades de quienes podrían estar siendo directamente afectados”.
Las medidas preventivas anunciadas por MinEducación
“La vía preventiva se materializa en la decisión adoptada hoy que ordena la vigilancia especial y medidas administrativas sobre la institución, cuyo objetivo es proteger a los estudiantes, garantizar la validez de sus estudios y corregir las irregularidades detectadas”, dice el comunicado del Ministerio en el que se anuncian las medidas.
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La institución deberá formular e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos, entre otras medidas que incluyen una inspectora que permanecerá en la institución realizando labores de acompañamiento y verificación.
En cuanto a la vía sancionatoria, se reitera que se formularon cargos contra la institución, la rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez por presuntos incumplimientos graves relacionados con la expedición de títulos sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.
Los investigados cuentan con 30 días para presentar descargos y solicitar pruebas, y las medidas actuales no implican el cierre de la institución, lo cual fue criticado por Juvinao.
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