En medio del proceso de reparación directa que reclama Marelbys Meza contra el Estado, la Presidencia de la República tomó distancia del escándalo que estalló en 2023 por las pruebas de polígrafo y las interceptaciones ilegales de las que fue víctima.
Meza, quien trabajaba como niñera en la casa de Laura Sarabia cuando esta se desempeñaba como jefa de gabinete, demandó por el trato que recibió luego de que fuera señalada del robo de una maleta con dinero. Según su relato, fue sometida a una prueba de polígrafo y posteriormente objeto de interceptaciones telefónicas ilegales, al igual que Fabiola Perea, otra de las trabajadoras de Sarabia.
En el marco de esa demanda, el juez del caso pidió a las entidades vinculadas pronunciarse, entre ellas la Presidencia, que fue incluida dentro del proceso. La respuesta oficial fue clara y es que no le constan los hechos expuestos en la demanda y que estos no hacen parte de sus funciones.
En el documento enviado al despacho judicial, la Presidencia señaló que desconoce la ocurrencia de los hechos narrados por la demandante y sostuvo que se trata de conductas ajenas a su competencia y a la entidad.
“No nos consta. Si bien la señora Laura Camila Sarabia Torres fue funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sus asuntos personales, como la eventual contratación de servicios domésticos en su vivienda privada, son ajenos a las competencias y responsabilidades de esta entidad”, se lee en el documento de Presidencia.
La postura llama la atención porque en el proceso penal relacionado con las interceptaciones ya hubo aceptación de responsabilidad por parte de dos policías implicados y condenas contra otros uniformados. A pesar de esas decisiones judiciales, la Presidencia insiste en que los hechos no le constan y que no son atribuibles a su órbita institucional.
La cronología de este caso se empieza a contar desde principios del año 2023. Laura Sarabia se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro y denunció la pérdida de un maletín en su apartamento con hasta 7.000 dólares en efectivo.
De inmediato se desplegó un operativo irregular que incluyó, además, una prueba de polígrafo en los sótanos de la Casa de Nariño. Señalaban a las empleadas domésticas, sin mayores pruebas, de cometer el hurto doméstico.
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La investigación reveló que miembros de Policía, después de que se cometió el robo en la vivienda de Sarabia, solicitaron a la Fiscalía que interceptara los números telefónicos de dos sospechosas.
A Marelbys Mesa la señalaron de ser “La Cocinera” de alias Siopas –capo del Clan del Golfo que fue hallado muerto en marzo del año pasado en Antioquia–. A Perea la vincularon como una de las encargadas de realizar giros y encomiendas a los cabecillas del Clan del Golfo: le dieron el alias de “La Madrina”.
Por todos estos hechos, ambas trabajadoras reclaman una millonaria indemnización.
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