Tras la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Sentencia C-072 de 2025 —la cual otorgaba facultades extraordinarias al Gobierno para regular sanciones aduaneras y decomisos—, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) radicó un nuevo proyecto de ley con el que busca establecer un marco normativo más claro, moderno y ajustado a estándares internacionales.
Carlos Emilio Betancourt, director general encargado de la Dian, explicó que la iniciativa tiene como propósito “fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, dotando al país de un marco normativo actualizado que aporte seguridad jurídica y responda a la dinámica del comercio exterior hacia el futuro”.
El proyecto deberá radicarse antes del 20 de junio de 2026 y fue construido a través de mesas de trabajo en las que participaron gremios, empresarios y autoridades del sector.
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Reducción de infracciones y nuevas reglas para sanciones y decomisos
Uno de los principales cambios que propone el nuevo régimen sancionatorio aduanero es la reorganización del catálogo de infracciones. De las 357 faltas actuales, solo quedarán 80, mientras que las causales de aprehensión se reducirán de 42 a 26.
Además, se busca delimitar de forma precisa las facultades de las autoridades aduaneras para imponer sanciones o realizar decomisos, con el fin de garantizar transparencia y evitar abusos. Entre las modificaciones más destacadas están:
* Flexibilización del tránsito fronterizo
* Eliminación del pago consolidado como medida residual
* Supresión de la sanción directa sobre cancelaciones
* Nuevas reglas de gradualidad en la aplicación de sanciones.
El proyecto también establece que ninguna persona podrá ser sancionada ni su mercancía decomisada si los procedimientos no se ajustan a las normas vigentes, y prohíbe la doble sanción por un mismo hecho. Asimismo, se precisa que una mercancía no podrá ser retenida más de una vez por la misma causa.
Ajustes en fiscalización y auditorías aduaneras
Con la entrada en vigor de la nueva ley, los funcionarios encargados de la fiscalización aduanera deberán garantizar el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos.
Solo quienes estén debidamente facultados podrán adelantar investigaciones, imponer infracciones o realizar aprehensiones y decomisos.
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El texto también introduce cambios en los procesos de auditoría, con el objetivo de reforzar la transparencia de las operaciones y de los procedimientos empresariales relacionados con el comercio exterior.
“El alcance del presente proyecto es expedir un régimen sancionatorio de decomiso y su procedimiento aplicable ante el incumplimiento de las obligaciones aduaneras, algo necesario y urgente ante el aumento de las infracciones previstas en el Decreto 1165 de 2019”, se lee en la exposición de motivos del documento.
Analdex respalda simplificación del régimen
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) destacó que el cambio más relevante del proyecto radica en la reorganización del catálogo de infracciones.
Según su director de asuntos legales, Juan Diego Cano, “se abandona la estructura por tipo de usuario aduanero (importador, agencia de aduanas, transportador, etc.) y se adopta un enfoque basado en la conducta y en la obligación incumplida, lo que permite eliminar redundancias y consolidar el régimen de manera más lógica y simplificada”.
En cuanto a los procesos anteriores a la entrada en vigor de la ley, Cano explicó que las investigaciones sobre faltas que desaparezcan del nuevo catálogo serán archivadas. Para aquellas que se mantengan o sean homologadas, los casos continuarán aplicando el principio de favorabilidad.
El proyecto fue elaborado con la participación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Presidencia de la República y la Dian, lo que refuerza su carácter técnico y su importancia para el comercio exterior colombiano.
* Con información de La República y Colprensa
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