Este 28 de agosto, la Corte Constitucional de Colombia aprobó por unanimidad el Acuerdo de Escazú, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Le puede interesar: Las 4 claves del pulso que dejó el Acuerdo de Escazú
Esta decisión marca un hito en la protección del medio ambiente y la participación ciudadana en América Latina.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es crucial?
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en el mundo que incluye disposiciones específicas para la protección de los defensores del medio ambiente, pues busca garantizarles tres derechos fundamentales: el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
La Corte Constitucional, en su fallo, subrayó que “la regulación en el Acuerdo se enfoca en lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales”, y destacó que el tratado “importa a toda la ciudadanía colombiana”.
Además, aclaró que no era necesario agotar la consulta previa con comunidades étnicamente diferenciadas, ya que el acuerdo no afecta directamente sus derechos.
La relevancia del fallo de la Corte Constitucional
La aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional tiene profundas implicaciones para Colombia.
En palabras del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Ibáñez, quien lideró la ponencia en el alto tribunal, “este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos ambientales y en la consolidación de la democracia ambiental en el país”.
Lea también: El abecé de Escazú, el tratado ambiental que acogerá Colombia
Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló: “Con la ratificación del Acuerdo de Escazú damos un paso histórico en Colombia hacia la protección de quienes defienden la naturaleza y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales”. La ministra también destacó que el gobierno ya ha comenzado a trabajar en la implementación del acuerdo, con la creación de una Comisión Interinstitucional y el programa Alerta por mi ambiente, que busca promover la participación ciudadana y mejorar la gobernanza ambiental en el país.