Ser usuario de Nueva EPS se convirtió en un calvario. Las historias son miles y preocupantes, las cifras son escandalosas: según la Superintendencia de Salud, las quejas de aquella EPS pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025. Lo peor es que, según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, de esas más de quinientas mil tutelas hay más de 120.000 que siguen en el correo de Nueva EPS sin abrir. Es decir: ni siquiera han sido revisadas o leídas por alguien.
En entrevista con Noticias RCN, la funcionaria explicó que el hallazgo fue hecho por el nuevo interventor de Nueva EPS, el señor Luis Oscar Galves. Para la defensora, sin embargo, la situación refleja la existencia de una “endogamia” administrativa. Es decir, los interventores cambian, pero ninguno hace un cambio significativo o soluciona los problemas de la entidad.
Las quejas están orientadas sobre todo en dos ejes: falta de entrega de medicamentos y suspensión o falta de tratamientos y procedimientos vitales para pacientes con enfermedades graves o de base, tales como: diabetes, VIH, cáncer, hipertensión y enfermedades huérfanas.
En conversación con EL COLOMBIANO, Néstor Álvarez, presidente de la organización Pacientes de Alto Costo —iniciativa ciudadana orientada a proteger los derechos en salud de la población— aseguró que: “para ser justos, todos esos problemas ya existían desde antes de la intervención, sin embargo, se han agravado últimamente”.
Y es que, en abril de 2024, el Gobierno Nacional anunció que desde ese momento, Nueva EPS pasaría a estar en manos del Estado porque, tal y como lo aseguró Álvarez, la entidad prestadora de servicios en salud presentaba un alto volumen de quejas por atención deficiente.
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A la par, para ese momento, un escándalo de corrupción salpicaba a su junta directiva, en especial a su expresidente, el señor José Fernando Cardona Uribe. Según la Fiscalía —que les imputó cargos la semana pasada— los exfuncionarios de Nueva EPS habrían mentido sobre el estado financiero de la EPS para poder renovar la licencia de funcionamiento de la entidad y, además, evitar una supervisión de la Superintendencia de Salud.
En total, 3.419.015 facturas de deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) fueron, presuntamente, ocultadas por Cardona y otros trabajadores. Además, habrían reportado utilidades inexistentes por 70.563 millones de pesos, saldando deudas y vacíos financieros entre 2013 y 2023.
Es decir, para 2024, Nueva EPS ya era un desastre. De hecho, para 2023 hubo 277.033 quejas ante la Superintendencia de Salud por irregularidades en la atención de los pacientes.
Lo preocupante actualmente es que la situación no ha mejorado: las quejas se duplicaron (y, según las denuncias de la Defensora, miles ni siquiera se han revisado) y no hay claridad sobre qué empresa es la encargada de dispensar medicamentos luego de que Colsubsidio dejara de prestar aquel servicio a partir de enero de 2026.
Además, según derechos de petición contestados, las deudas de Nueva EPS también han ido creciendo. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y candidata al Senado para 2026, ha seguido de cerca el caso.
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Según la congresista, tras recibir varias respuestas a derechos de petición, evidenció que la deuda de Nueva EPS incrementó de 18.31 billones en 2024 a 26.3 billones con corte a diciembre de 2025. Todo bajo la interventoría del Gobierno. “La intervención no era para mejorar? Y La gente pagando los platos rotos”, aseguró.
Al respecto, Álvarez, director de Pacientes de Alto Costo, aseguró: ”Lo único que queremos es que la Defensoría, Supersalud, la EPS, el Gobierno, todos comprendan que se está violando un derecho humano. A diario matan a cientos de líderes sociales, pero hay que recordar que a diario mueren pacientes. Cuando alguien muere de cáncer nadie dice que se murió porque le faltaron medicamentos, pero en Colombia sucede. Necesitamos que la agenda de salud sea la principal”.
Protestas y testimonios: esto dicen los pacientes de Nueva EPS
La situación ha desencadenado varias protestas a nivel nacional. El 9 de enero de 2026, cientos de personas se tomaron las entradas de las sedes de Nueva EPS en Tunja, Ibagué, Cali, Bucaramanga y otras ciudades. En los cárteles las personas aseguraban que llevaban meses sin recibir sus medicinas: “nos engañan, no nos responden”.
En Ibagué, manifestantes hablaron con el medio local Alerta Tolima. Uno de ellos dijo: “El señor Ministro de Salud se pasea por la televisión diciendo que las EPS están en cuidados intensivos, pero no se da cuenta de que los que estamos en cuidados intensivos somos nosotros, los pacientes. Algunos se están muriendo por la falta de medicamentos, y otros tenemos que elegir entre comer o comprar los medicamentos, que son muy costosos”.
La situación es crítica en todo el país. En Medellín los dispensarios están vacíos, pero porque las personas se cansaron de hacer fila. En diálogo con EL COLOMBIANO, cuando reporteros se acercaron a uno de los puntos de entrega de medicamentos, el ciudadano Dalmiro Gómez aseguró: “Hoy vinieron en un día ‘tranquilo’, cuando se riega el rumor de que hay drogas para entregar, las filas son de cuadras”.
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En Popayán, EL COLOMBIANO conoció el caso de Nancy Martínez Salazar, de 58 años. La mujer fue diagnosticada con cáncer y diabetes, y lleva seis meses esperando que le hagan una resonancia de mama. ¿La razón? saber si su cáncer se expandió. Un diagnóstico que, literalmente, podría salvarle la vida, pero que no le autorizan.
Lo más preocupante es que aquel examen ni siquiera puede hacérselo en Popayán, sino que debe ir hasta Cali, por lo que el silencio de la EPS solo alarga un proceso que, de por sí, será largo. A eso se suma la falta de medicamentos.
Según su fórmula médica, debería tener las dosis de tres meses para los siguientes medicamentos: Letrozol 2.5 mg en tabletas; metformina 1000 mg combinada con sitagliptina 50 mg en tabletas de liberación prolongada; y enalapril 20 mg. La única razón por la que ha podido tomarlos es porque ha sacado dinero de su bolsillo para comprarlos, pero el golpe económico es duro: en total debe pagar 410.000 pesos, y la medicina solo le dura un mes.
La situación hace que Martínez se sienta ansiosa. Además, la comunicación es nula. “Cuando uno es paciente oncológico uno no tiene la fuerza ni la energía para ir de aquí para allá. Yo estoy cansada, mucho. Uno queda muy quemado después de las quimioterapias y las farmacéuticas nunca son capaces de llamar a avisar si el medicamento que necesito ya llegó, o si no ha llegado, no. Uno tiene que ir allá a hacer colas enormes y adivinar si hay medicamentos”, contó.
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