En medio de la ola de denuncias por presunto acoso sexual que ha sacudido a medios de comunicación, instituciones públicas y otros espacios de poder en Colombia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó este miércoles un pronunciamiento contundente: “El acoso sexual no es un hecho aislado; es una violencia estructural”.
La declaración llega en un momento de fuerte conmoción en el país, luego de que en los últimos días se conocieran denuncias que involucran a figuras de alta visibilidad en medios de comunicación y del avance de actuaciones institucionales en casos relacionados con Caracol Televisión y RTVC.
Marín aseguró que los hechos que han salido a la luz no deben leerse como episodios aislados o excepcionales, sino como parte de una realidad más amplia que atraviesa medios de comunicación, altas cortes, empresas, universidades, espacios comunitarios y escenarios cotidianos como el transporte público o los colegios.
“El silencio protegió durante años a quienes estaban en posiciones de poder”, advirtió la funcionaria, quien insistió en que esta violencia se ha sostenido no solo por quienes la ejercen, sino también por la normalización, la impunidad y el miedo a denunciar.
Pero el pronunciamiento de la Defensoría también se da en un contexto más amplio. La propia Marín recordó el respaldo de decenas de mujeres periodistas a una colega que denunció en 2019 a Hollman Morris, actual gerente de RTVC, por presunto acoso sexual y laboral. En ese caso, la Fiscalía informó además un cambio en el proceso por injuria y calumnia que el funcionario interpuso contra Lina Marcela Castillo, quien lo había señalado públicamente años atrás.
Según informó el ente acusador, la denuncia de Morris debió haber sido evaluada con enfoque de género, para evitar que terminara teniendo un “efecto silenciador” sobre las víctimas. La entidad designó a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marcela Abadía, para asumir el caso.
Lea aquí: Nuevo fiscal y enfoque en caso contra mujer que denunció a Hollman Morris por presunto acoso sexual y laboral
La defensora también hizo referencia al reciente testimonio público de la abogada y columnista Ana Bejarano, quien relató haber sido víctima de acoso sexual por parte de un magistrado de la Corte Constitucional, en una práctica que, según contó, incluso tenía un nombre conocido dentro de ese entorno: “judicantear”.
Para Marín, estos hechos muestran que el problema no distingue sectores ni niveles de poder. Por el contrario, subrayó que suele ser más difícil enfrentarlo cuando el presunto agresor es una persona poderosa, ya sea por su influencia política, institucional, económica, académica o por su reconocimiento público.
Uno de los puntos más fuertes de su pronunciamiento fue su reflexión sobre el tiempo de las denuncias. “Las mujeres no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden”, afirmó. Según explicó, denunciar implica exponerse a represalias, pérdida del trabajo, estigmatización y desconfianza institucional, por lo que muchas víctimas solo logran hablar cuando encuentran condiciones mínimas de seguridad física, emocional y jurídica.
En esa línea, la defensora cuestionó una de las reacciones más comunes frente a estos casos: preguntarse por qué una víctima no habló antes. A su juicio, esa pregunta no es inocente, sino una forma de deslegitimar a quienes denuncian y de reforzar el silencio que ha permitido que estas violencias se mantengan en el tiempo.
Marín también citó cifras del informe sobre violencia de género contra mujeres periodistas en Colombia, publicado en 2020 por la campaña No es Hora de Callar y el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes. Según esos datos, seis de cada diez mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales, mientras que casi ocho de cada diez conocen casos de violencia contra colegas.
Aunque reconoció avances recientes, como el pronunciamiento de la Fiscalía, las medidas adoptadas por algunas instituciones y la implementación de protocolos internos en entidades como la Corte Constitucional y empresas del sector privado, la defensora fue enfática en que esos pasos siguen siendo insuficientes.
“Hoy el desafío es que ese compromiso se traduzca en acciones concretas, investigaciones diligentes y oportunas, procesos que no revictimicen y decisiones que garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición”, sostuvo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo anunció que mantiene activo su Mecanismo de Denuncia de Acoso Sexual en Contextos de Poder, con el que ofrece acompañamiento psicosocial y jurídico especializado, así como acceso seguro y confidencial a la justicia para víctimas cuyos agresores ocupan posiciones de influencia.
“El silencio ya no puede seguir siendo refugio para los acosadores”, concluyó Marín. “Erradicar esta violencia no solo es urgente: es inaplazable”.
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