Se trata de dos senadores y cinco representantes de origen paisa o en representación de Antioquia que aparecen señalados. Estas son sus explicaciones.
Cinco congresistas de origen antioqueño o en representación de la región aparecen salpicados en el controvertido listado que reveló el actual ministro de Comercio, y otrora director de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, sobre supuestas cuotas o recomendaciones realizadas por una treintena de parlamentarios a esa entidad.
Todo lo anterior, en pleno escándalo por los tentáculos en el Gobierno de Gustavo Petro del contrabandista Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
Se trata de los senadores conservadores Germán Blanco y Nicolás Echeverry, así como los representantes Mauricio Parodi (Cambio Radical), Daniel Restrepo Carmona (Conservador) y Óscar Darío Pérez (Centro Democrático).
Según Reyes, “personas altamente influyentes y conectadas (y de todos los bandos políticos) me pidieron/presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas”, según admitió el hoy ministro en diálogo con la emisora W Radio.
EL COLOMBIANO habló con el senador Echeverry, quien es señalado de haber recomendado un director seccional en Maicao, en La Guajira. Al negar que siquiera conozca al ministro Reyes y que se haya reunido con él, el congresista anunció que analiza hoy con sus abogados qué acciones legales adoptar tras las acusaciones alrededor de supuesto clientelismo.
“Esto muestra la mala fe de muchas personas del Gobierno. No tengo ni una sola duda. No he recomendado a esa persona que figura ahí. No lo conozco, no he tratado, no he tenido una comunicación. Estamos revisando qué tipo de acciones adoptaremos. Nunca me he reunido en privado con el ministro. Dudo que me conozca personalmente”, dijo el congresista.
Echeverry atribuyó los señalamientos a su postura crítica frente al Ejecutivo y a las denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación que van desde el tema de los pasaportes hasta líos con la política de seguridad y paz total. Para el senador, todo esto no es más que “una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos problemas del país”.
Por su parte, el senador Germán Blanco es sindicado de presionar para un ascenso en Manizales de Claudia Lorena Ospina. El congresista reconoció que se trata de la esposa del exrepresentante a la Cámara Félix Chica y aunque admitió que sí hubo una reunión con una asesora de Reyes, explicó que solo hubo una solicitud para conocer las bases de un concurso interno.
“Me parece ilógico que aten cabos de unos temas con otros. En 2023, siendo senador electo, acompañé al entonces representante a la Cámara, Félix Chica, cuya esposa trabaja en la Dian y es la persona que mencionan respecto de mí. No estábamos buscando ni un nombramiento, ni un ascenso y menos un director de aduanas en alguna regional del país. Pedimos que nos dieran las bases del concurso”, señaló el congresista.
De acuerdo con Blanco, no ha visitado el despacho de Reyes y durante la reunión con su asesora únicamente pidieron “que la gente se presentara y que por méritos se ganen las distintas posiciones”. En esa línea, declaró que “hay que centrar la atención del Congreso en otras cosas”.
En el listado aparece también el representante Óscar Darío Pérez, del opositor Centro Democrático, quien es señalado de interceder para lograr el ascenso de seis personas en la seccional Medellín. En diálogo con este diario, el congresista reconoció que, de forma “abstracta” y no favoreciendo a nadie en particular, hizo llamados para que funcionarios en condición de provisionalidad pudieran ascender a través de concursos internos.
“Siempre he apoyado en la Dian a todos los funcionarios que están bajo la figura de provisionales o temporales. Lo he hecho en debates públicos de las tributarias. Allí hay personas que llevan ocho o nueve años, y se les debe dar la oportunidad de vincularse a través de concursos internos, porque es gente de mucha experiencia y gente en quienes la Dian ha hecho inversiones. Eso no se puede confundir. Eso es abstracto, para todos los funcionarios que estén en esas condiciones en Colombia. No a nadie en particular”, explicó.
Al ratificar su rol de oposición y sus votos “en contra de todas las reformas”, Pérez insistió en que “mal haría” en acercarse a algún funcionario del Gobierno. “A este Gobierno nunca le he pedido nada. Soy oposición. He votado en contra de todas las reformas”.
Por otro lado, reconoció que en una oportunidad se reunió con el ministro Reyes, pero después de un debate de control en el que este terminó dándole las gracias. “Lo visité después de un debate en el mismo Ministerio de Hacienda de una reforma tributaria donde le quitaban a la Dian $200.000 millones para pasárselos a la UNGRD. Yo me opuse y el señor Reyes me llamó, y me llevó a su oficina como una muestra de agradecimiento. Eso fue lo que tratamos”.
EL COLOMBIANO se dio a la tarea de revisar el listado de los congresistas y son varias las conclusiones que se desprenden del análisis de la información. En primer lugar, llama la atención que 13 de los 32 congresistas salpicados hacen parte de la Comisión Tercera, nada menos que la encargada de asuntos de hacienda y crédito público, impuestos, contribuciones y exenciones tributarias.
Inclusive, figuran siete congresistas de la Comisión Cuarta, hermana de la Tercera, encargada de presupuesto y sistema de control fiscal financiero.
Otro hecho que no es menor es que la mayoría de los congresistas salpicados son del Partido Conservador, aunque también se cuentan siete congresistas de oposición: tres del Centro Democrático y cuatro de Cambio Radical. Además, tres del Pacto Histórico. Incluso, en el ramillete podría contarse el exsenador Roy Barreras, quien presidió el Senado en nombre del petrismo.
En medio del escándalo, se pronunció el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, quien dijo no conocer al ministro Reyes: “Nunca le he pedido una cita, nunca he tenido una llamada con él. Esto es una infamia que están haciendo y le pedimos al ministro Reyes que rectifique y aclare esta situación, porque nunca le he pedido nada”.
Incluso, elevó un llamado al ministro para que precise cómo y en qué lugar se dio la supuesta reunión. “No sabemos lo que está buscando el ministro con esta lista, si tapar o hacer una cortina de humo de otro escándalo que tiene el Gobierno Petro”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el representante Armando Zabaraín, del Partido Conservador, ratificó que ha sido opositor al Gobierno y que la divulgación de este listado parece una represalia por “no votarles sus reformas”.
“A Reyes le puse un derecho de petición para que me diga en qué hora, día y dónde le he entregado una hoja de vida. No he ido a su despacho en ningún momento desde que comenzó el periodo del Gobierno Petro. No he tenido una conversación de más de dos minutos con él. Esperaré su respuesta para instaurar una demanda penal”, indicó.
Por su parte, el senador Edgar Díaz, de Cambio Radical, negó también que haya pedido una cita o haya pedido “una dirección general o un puesto”. “Lamento esto y espero que su respuesta sea clara y contundente, si no también terminaré denunciando ante la justicia penal”, señaló.
Para el congresista, el Gobierno de Gustavo Petro “se acostumbró a que cada que hay un escándalo lo quieren tapar con otro. No sé si el escándalo que los tiene tan atropellados ante la opinión pública, que es lo de papá Pitufo, quizá lo quieren tapar con otro escándalo y salpicando a congresistas”.
En el mismo sentido se pronunció el senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien negó que se haya reunido con el ministro Reyes y aseguró que los señalamientos son “una cortina de humo para tapar su falta de resultados y todos los escándalos que lo enlodan alrededor”.
Para el congresista, se trata de una retaliación del Ejecutivo contra quienes vienen ejerciendo “la oposición de manera fundamentada”.
Por otro lado, el senador Antonio Correa, del Partido de La U y quien ha defendido varios proyectos del Gobierno, aclaró que, aunque hubo reuniones, fueron “para pedir que se respetaran los derechos colectivos de funcionarios de la Dian que se venían vulnerando en un concurso de carrera administrativa”. Para el congresista, se trata de una actuación que no se puede configurar como “anormal ni se comete ningún delito por hablar por la clase trabajadora y sus derechos adquiridos”.
