En lo profundo de la Amazonía, en la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil, una economía silenciosa, pero altamente rentable, está reconfigurando el conflicto armado. Se trata del estaño, un mineral estratégico que ha comenzado a reemplazar a la cocaína como fuente de financiación para grupos ilegales y que hoy impulsa nuevas formas de violencia, como el uso de drones cargados con explosivos.
De acuerdo con información conocida por Semana estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc, incluidas las de alias Iván Mordisco y Calarcá, están detrás de este negocio ilícito. A diferencia del narcotráfico, esta economía combina rutas ilegales con procesos de aparente legalidad que facilitan su inserción en mercados nacionales e internacionales.
El recorrido del mineral inicia en el Arco Minero del Orinoco, en territorio venezolano, donde operan grupos armados que controlan la extracción. Desde allí, el estaño atraviesa selvas, ríos y trochas hasta ingresar a departamentos colombianos como Vichada y Guainía, zonas caracterizadas por la débil presencia estatal.
“El paso de estos minerales se da por tierra y por afluentes hídricos, por diferentes puntos donde visiblemente no hay presencia de autoridades. Por lo extenso del territorio, es difícil controlar cada uno de esos pasos”, explicó una fuente militar que sigue de cerca este fenómeno.
Una vez en Colombia, el material entra en una fase conocida como “Operación Legalización”, un proceso que suele desarrollarse en ciudades como Bogotá. A diferencia de la cocaína, el estaño puede integrarse con mayor facilidad a circuitos formales, lo que lo convierte en un activo atractivo para las redes criminales.
Este modelo híbrido permite a los grupos armados obtener ingresos por dos vías: la comercialización interna en regiones como Cauca, Catatumbo y Arauca, y la exportación hacia mercados internacionales. En Colombia, el kilo de estaño puede costar entre 50 y 70 dólares, pero en países asiáticos su valor puede alcanzar los 200 dólares, lo que multiplica las ganancias.
El impacto de esta economía ilegal es directo en la capacidad bélica de las organizaciones. Según fuentes militares, los recursos obtenidos se destinan a la compra de armas, explosivos y tecnología, incluidos drones modificados para ataques.
Aunque el estaño no es explosivo, expertos advierten que cumple un papel clave en los procesos de adecuación de estos dispositivos, que han comenzado a ser utilizados en acciones ofensivas por parte de los grupos armados.
El coronel Roberto Contreras Félix, comandante del Ejército, confirmó que este fenómeno hace parte de una transformación más amplia del crimen organizado.
“Se ha evidenciado la consolidación de una economía ilícita asociada a minerales estratégicos. Responde a la reconfiguración de estructuras criminales que han migrado hacia actividades menos visibles que el narcotráfico, pero altamente rentables”, señaló.
De hecho, las rutas utilizadas para el tráfico de drogas están siendo reutilizadas para transportar el estaño. El modelo replica prácticas del narcotráfico, como el cobro de “impuestos” a quienes participan en la cadena de extracción y transporte.
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Las incautaciones recientes evidencian la magnitud del negocio. En una operación fueron detectados 413 lingotes de estaño, además de cargamentos que estaban siendo movilizados en equipaje a través del aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
“Antes se movilizaba en tractomulas; ahora han diversificado las modalidades”, explicó el oficial.
En los últimos dos años, en la región de la Orinoquía colombiana, las autoridades han decomisado más de 77 toneladas de minerales, lo que representa pérdidas superiores a los 10,5 millones de dólares para estas organizaciones.
Sin embargo, el crecimiento de esta economía también ha intensificado las disputas territoriales. “Se ha convertido en un corredor estratégico para el tránsito de estos recursos. Esto genera confrontaciones por el control de las rutas”, advirtió Contreras.
Uno de los principales desafíos para las autoridades es la judicialización de estos casos. A diferencia del narcotráfico, la identificación del estaño como mineral ilegal requiere análisis técnicos especializados que no siempre están disponibles en las zonas donde se realizan las incautaciones.
“Para determinar si se trata de tierras negras, se necesitan equipos específicos que no están en la región, lo que dificulta los procesos judiciales”, explicó el comandante.
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Además, las investigaciones han revelado un modelo criminal menos visible, basado en redes de apoyo logístico que permiten movilizar el mineral sin necesidad de estructuras armadas permanentes.
“Ellos no mantienen estructuras visibles, sino redes que garantizan el tránsito del material hasta que entra en una fase de aparente legalidad”, indicó la fuente.
Mientras tanto, las autoridades, en coordinación con la Fiscalía y la Policía, preparan nuevas operaciones contra estas redes. Sin embargo, el estaño ya se posiciona como uno de los negocios ilícitos más discretos y rentables del conflicto armado en Colombia, una economía en expansión que, lejos de desaparecer, sigue creciendo bajo la sombra de la legalidad y alimentando nuevas formas de violencia.
Con información de Revista Semana*.
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