De los carteles no se salvó ni el impuesto sobre las ventas (IVA). En una bodega del barrio Ricaurte, en Bogotá, encontraron 15 empresas de papel o falsas, que se encargaban de generar facturas fraudulentas.
Esta investigación fue liderada por la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia que, en un trabajo conjunto, lograron desarticular lo que denominaron el “Cartel del IVA”.
La estrategia empleada en este caso para defraudar al Estado no es una práctica nueva; sin embargo, el golpe es considerado como certero, sobre todo por lo que representó, que en total alcanzó $2,3 billones en 12 años de operación del cartel, cifra de la que, según la Policía “no se tienen antecedentes”.
El golpe
Para dimensionar lo que representa, basta con decir que se podrían financiar 39.677 Viviendas de Interés Prioritario (VIP), de un valor de $57.968.120 cada una.
La investigación se extendió durante dos años en la que lograron identificar a Olga Lucía Díaz Guzmán, quien es amante de la santería e incluso contaba con una pitonisa para realizar sus operaciones, identificada como “la Patrona”.
El golpe consistió en la captura de ocho personas en 17 allanamientos que se realizaron en Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja, quienes a través de la falsificación de facturas y la creación de empresas ficticias reclamaban, de manera ilícita, el IVA, impuesto a la riqueza y de renta.
EL COLOMBIANO buscó la opinión oficial de la Dian, pero respondieron que la información del caso se dio directamente desde Presidencia.
El exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega, señaló que una manera “urgente” de enfrentar estos delitos es acelerar la implementación de la facturación electrónica, que está en proceso desde hace al menos cinco años, cuando estuvo en la entidad.
Además, el exfuncionario señaló que “esas empresas de papel se roban el IVA y la Dian no las identifica, pese a que lleven muchos años en esto. La clave es que hay gente de la Dian”, indicó Ortega, intentando explicar que en estos fraudes se requiere de una “ficha” dentro de la entidad.
La red
Según la Fiscalía, se evidenció que una de las empresas falsas logró realizar operaciones de comercio de manera ficticia por alrededor de $40.000 millones, además, las investigaciones permitieron identificar que entre sus clientes aparecen alrededor de 2.000 empresas legales, que acudían a este cartel (ver Paréntesis).
Entre sus “clientes” aparecen EPS, alcaldías, abogados, cajas de compensación, empresas de comunicaciones y hasta a entidades bancarias, de las que no se precisaron nombres, pero serán vinculadas a la investigación.
El economista Luis Fernando Ramírez, vicerrector de Investigaciones de la Universidad La Salle, señaló que la conducta de este cartel no es nueva, pero precisa que hay dos afectaciones con este tipo de fraudes.
“Se configuran actividades ilegales que generan mayor gasto público asociado a la corrupción y con esas mismas operaciones se afecta el ingreso, pues no generan recaudación fiscal”, explicó Ramírez.
Ahora, el experto va más allá y destacó que “lo de hoy es realmente muy grave, en la medida en que no se compadece con los esfuerzos que hacen los colombianos que pagan sus impuestos, como el IVA del 19 % o los impuestos a la clase media”.
Un antecedente
Este no es el primer hecho que descubren las autoridades sobre un cartel dedicado a defraudar el erario, incluso con funcionarios de la propia Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
En 2011, la Fiscalía también desarticuló una banda que se dedicaba, a través de devoluciones de IVA, con exportaciones ficticias. Cuando se conocieron las condenas, de entre 7 y 13 años de cárcel, el juez 45 penal de Bogotá, señaló que cada integrante de esta red cumplía un eslabón en la “cadena de defraudación”, pero no fue tan alto, pues fue de $11.250 millones.
En este caso fueron condenados Blahca Jazmín Becerra, jefe de la organización, María Paulina Rubio y Fabio Iván Escobar, quienes hacían parte del área de Radicación y revisión de la Dian, y quienes, según el juez, de manera sistemática “faltaron a su deber de verificar que los documentos de las empresas solicitantes cumplieran con los requisitos mínimos para el trámite”, pues certificaban que hacían visitas de verificación a las empresas que no existían.
$2,3
billones, el total defraudado en los 12 años de operación del cartel: Policía.
