Más de dos meses después de que un fallo del Consejo de Estado anulara su elección como rector de la Universidad Nacional, el profesor Leopoldo Múnera anunció su renuncia a esa institución. En una carta pública, el académico dijo que haría uso del retiro voluntario, tanto de la docencia como de la “pretensión de culminar el período institucional”.
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En su pronunciamiento, el anulado rector mencionó los cargos y espacios académicos que ocupó en la institución, entre los que mencionó al movimiento universitario colombiano y la “intervención en los debates sobre la vida nacional, relacionados con la educación superior, el significado de lo público, la construcción de la paz o los derechos humanos”.
Por otro lado, dedicó una parte de su carta a criticar a quienes “animados por el espíritu empresarial privado, buscan la autofinanciación de las instituciones de educación superior (...) que son considerados como ‘poco rentables’”, se olvidan de que “la sociedad en su conjunto, por medio del Estado, debe garantizar el buen funcionamiento de las universidades públicas”.
En ese sentido, aseguró que si se pretende “conservar el carácter público de las instituciones de educación superior no podemos sacrificar su pertinencia” y que “la ampliación de la cobertura sin garantizar un proceso pedagógico integral puede conducirnos a la privatización de la educación superior”.
De igual manera, contó que es “imperativo el regreso a las preguntas fundamentales sobre el resultado de las reformas académicas que hemos implementado en los últimos lustros” y que el proyecto de universidad debe fundamentarse “en la garantía ofrecida por la sociedad en su conjunto de financiar la educación superior pública”.
Múnera se refirió al “proceso constituyente” que se inició bajo su Rectoría (declarada ilegal por el Consejo de Estado y, por lo tanto, no hubo tal), que incluye “el fortalecimiento y la ampliación de la infraestructura física y digital”. Al respecto, dijo que “el plan global de desarrollo fue estructurado alrededor de una redistribución regulada de los recursos que permita pensar la nación colombiana desde los territorios y los territorios desde una nación plural y diversa”.
El académico también se refirió, sin dar nombres, al conflicto “personalizado y desvirtuado” sobre la Universidad Nacional y los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU), el cual busca —según expresó— “evitar el reconocimiento de la autonomía en cabeza de la comunidad universitaria y el desarrollo de un proceso que pretende democratizar el gobierno institucional y la vida académica”.
Sobre el final de la carta, Leopoldo Múnera manifestó que declinaba la “pretensión de culminar el periodo institucional en la rectoría” para que otros docentes tomen “el relevo académico” y animen “las reformas que necesita la Unal”. No obstante, el terminar el mencionado periodo en el cargo no era una posibilidad, debido a que, como lo dijo el fallo de la alta corte, lo ejerció después de una elección irregular.
También renunció a ser profesor para “cerrar un ciclo fundamental de mi vida laboral y académica, y empezar otro, vinculado al retiro voluntario, que me permitirá hacer aportes desde una nueva situación institucional”.
La carta del anulado rector terminó agradeciendo a “las personas que desde la administración o la dirección universitaria hicieron sus aportes valiosos en el nivel nacional y en cada una de las sedes y facultades” para la “constituyente”; así como a los integrantes del Consejo Superior Universitario que antepusieron “el interés general de la universidad sobre sus causas particulares”.
Vale recordar que la decisión del Consejo de Estado determinó que el proceso de elección del rector de la Universidad Nacional culminó el 21 de marzo de 2024 con la designación de José Ismael Peña. Por esa razón, concluyó que el CSU aplicó en forma errónea el Código de Procedimiento Administrativo, la cual permite la corrección de irregularidades, pero solo antes de la expedición del acto definitivo.
Sobre esto, esa corporación judicial explicó que el CSU desconoció la presunción de legalidad que tienen los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede tumbarse únicamente por decisión judicial.
“Los yerros o vicios que se demostraron (...) impactan de manera directa y sustancial la elección del aquí demandado (...), dado que aquella es la génesis del nombramiento (...) y por lo tanto, es procedente concluir que esas circunstancias afectan la legalidad de la designación del señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz”, afirmó la providencia.
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