Un correo electrónico enviado el 31 de enero a autoridades colombianas advirtió que el buque Ocean Mariner, de bandera liberiana y señalado anteriormente por transportar combustible hacia Cuba desde México pese a las sanciones internacionales, se encontraba en un puerto de la costa atlántica del país. Semanas después, la embarcación terminaría escoltada por fuerzas estadounidenses, en medio de sospechas sobre el destino real de su cargamento.
Según reveló una investigación de EL TIEMPO, que tuvo acceso exclusivo a informes oficiales, fotografías y documentos de inspección, el combustible que llevaba el navío fue adquirido y embarcado en Colombia en una operación que, hasta ahora, las empresas involucradas califican como legal.
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El barco zarpó el 5 de febrero desde la Sociedad Portuaria Sitio Nuevo, en Palermo (Magdalena), a unos 12 kilómetros de Barranquilla. Antes de partir, fue sometido a controles de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera —incluido su grupo de Crímenes Transnacionales— y un representante de Ecopetrol.
La inspección, iniciada a las 6:45 p. m. del 31 de enero tras la alerta recibida por la Aduana de Barranquilla, se realizó cuando el buque estaba atracado en una de las zonas de cargue de Palermo Tanks, operador logístico que presta servicios a la empresa ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios S. A. S. (ISM). El capitán del barco, John Paul Lamis Fojas, participó en la diligencia, aunque se negó a firmar el acta.
De acuerdo con los documentos revisados por el diario, el producto embarcado fue fueloil —combustible utilizado para generación energética e industria— por un valor cercano a los 6,9 millones de dólares.
En los papeles de exportación, el destino consignado era el puerto de Río Haina, en República Dominicana. Sin embargo, seguimientos satelitales posteriores mostraron un cambio abrupto en la trayectoria del buque hacia el sur de Haití, lo que terminó con su interceptación el 11 de febrero por la guardia costera de Estados Unidos, que lo escoltó con el buque militar USGC Stone y posteriormente lo dirigió hacia Bahamas.
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El caso adquirió relevancia internacional luego de que medios como The New York Times informaran sobre la operación, en un contexto marcado por el endurecimiento de sanciones contra Cuba anunciado por el presidente Donald Trump desde el 11 de enero.
Las autoridades estadounidenses habían monitoreado previamente al Ocean Mariner por transportar crudo desde México hacia la isla como parte de envíos considerados ayuda humanitaria.
La investigación de EL TIEMPO estableció que el vendedor del combustible fue ISM, empresa autorizada por el Ministerio de Minas para comercializar hidrocarburos. El primer comprador registrado fue Monarch Security Latin America Inc., con sede en Panamá.
Tanto la sociedad portuaria como ISM sostienen que su responsabilidad terminó al momento del embarque, ya que la operación se realizó bajo modalidad Free On Board (FOB), esquema en el que el control y el riesgo de la carga pasan al comprador una vez el buque zarpa.
El abogado de ISM, Iván Lombana, aseguró al diario que la exportación fue verificada por las autoridades aduaneras y autorizada tras comprobar la conformidad de la mercancía. Añadió que el destino consignado siempre fue República Dominicana y que la empresa no ha recibido requerimientos oficiales por este caso.
Desde Monarch coincidieron en que, tras la transferencia de propiedad, la compañía no tiene control sobre las rutas ni decisiones posteriores relacionadas con el cargamento, cuyo comprador final permanece bajo confidencialidad contractual.
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En la trazabilidad del combustible aparece además Trafigura Group PTE Ltd., multinacional con sede en Singapur. Voceros de la firma confirmaron a EL TIEMPO que el 17 de febrero acordaron comprar el fueloil de origen colombiano cuando el incidente ya había ocurrido, con el objetivo de entregarlo en Bahamas.
La compañía aseguró que no participó en el viaje inicial ni fletó el buque, y explicó que fue contactada posteriormente para adquirir un cargamento que había quedado sin destino definido.
La falta de claridad sobre quién terminó controlando la carga alimenta las sospechas en un momento en que Washington vigila con especial atención cualquier suministro energético que pueda aliviar la crisis cubana.
Petro cuestiona las sanciones a Cuba
Tras la publicación del artículo, apareció el presidente Gustavo Petro, quien intervino públicamente para cuestionar las sanciones contra Cuba. El mandatario rechazó el bloqueo económico y defendió la relación histórica con la isla, destacando su papel en los diálogos de paz con las Farc. El mandatario afirmó que no comparte las políticas de bloqueo y sostuvo que la región necesita “más libertades y menos cadenas” para resolver sus tensiones.
En sus declaraciones, el presidente describió a Cuba como un país con una fuerte riqueza cultural y educativa que podría aportar al mundo desde sus saberes, y planteó que el verdadero desafío de la isla no es únicamente político, sino energético. A su juicio, el Caribe debería transitar del petróleo hacia la energía solar, una transformación que —dijo— también implicaría cambios sociales profundos.
Sin embargo, sus declaraciones han sido interpretadas como un mensaje incómodo en medio de un caso que involucra directamente la vigilancia estadounidense sobre rutas petroleras en el Caribe. Petro no solo criticó la política exterior de Washington, sino que invitó a Estados Unidos a replantear su estrategia hacia La Habana y propuso impulsar proyectos energéticos conjuntos con Cuba.
El presidente incluso planteó que América Latina podría abastecer a la isla con insumos para desarrollar energía solar, una propuesta que contrasta con el endurecimiento de sanciones anunciado por Donald Trump, quien ha insistido en cortar los flujos financieros y energéticos hacia el régimen cubano.
El mandatario insistió en que el Caribe debe ser entendido como un espacio de pueblos hermanos y afirmó que el diálogo entre Washington y La Habana debería reanudarse. Petro también sostuvo que el transporte marítimo de petróleo en el Caribe no constituye un delito en sí mismo, aunque reiteró que la región debería apostar por energías limpias debido a sus condiciones climáticas privilegiadas.
Sin embargo, Trump ha advertido que no permitiría nuevos flujos de petróleo ni recursos hacia Cuba, reforzando una política de presión destinada a aislar económicamente al gobierno cubano.
Expertos señalan que Washington busca evitar que terceros países o intermediarios comerciales suavicen el impacto de las sanciones mediante rutas indirectas, lo que convierte cualquier operación energética en el Caribe en un asunto geopolítico sensible.
México mantiene el salvavidas petrolero a Cuba en medio de presiones de EE. UU.
El incidente del Ocean Mariner ocurre en medio de un momento crítico para el abastecimiento energético cubano. La navegación de buques petroleros provenientes de Venezuela prácticamente se detuvo a comienzos de diciembre, tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro y el endurecimiento de la presión estadounidense sobre la isla.
Durante más de dos décadas, Caracas había sido el principal proveedor de crudo de La Habana mediante acuerdos de cooperación que incluían el envío de médicos y profesionales cubanos. Sin ese suministro, la economía energética del país quedó en una situación frágil.
México, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, mantuvo envíos de petróleo a Cuba a través de Gasolinas Bienestar, filial de Pemex. Entre enero y septiembre del año pasado, las exportaciones alcanzaron unos 17.200 barriles diarios de crudo y 2.000 de derivados, valorados en cerca de 400 millones de dólares.
Esta política ha generado tensiones con Estados Unidos, principal socio comercial mexicano en el acuerdo T-MEC, especialmente en medio de presiones arancelarias impulsadas por Trump. Mientras el gobierno mexicano defiende los envíos como contratos legales o ayuda humanitaria, críticos consideran que la medida podría afectar intereses estratégicos del país.
La isla produce alrededor de 40.000 barriles diarios de crudo pesado para alimentar sus termoeléctricas, pero la infraestructura apenas logra generar la mitad de la electricidad necesaria, provocando apagones prolongados que afectan la industria, la agricultura y la vida cotidiana.
La escasez podría derivar en una crisis humanitaria y en nuevas olas migratorias hacia la región, particularmente hacia México, que comparte frontera marítima con Cuba y ya ha recibido a miles de migrantes en los últimos años.
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