Una comisión extraordinaria de la Procuraduría General de la Nación emitió un informe del primer mes de actividades en Arauca, donde se han acrecentado los conflictos de orden público, así como la afectación a los derechos humanos por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y fuerza pública.
El Ministerio Público registró que Tame es el municipio más afectado con 254 de las 356 familias desplazadas del departamento. En total, fueron 763 personas que salieron de sus casas, incluyendo 5 comunidades que tuvieron que emigrar enteras y 73 ciudadanos venezolanos, cuyos casos serán atendidos por la Agencia para los Refugiados Acnur.
“Llegaron desplazadas de las zonas rurales donde se libran los enfrentamientos armados, además del evidente desplazamiento forzado, homicidios y amenazas de toda índole”, indica el informe.
Entre las personas desplazadas, se encuentran 43 excombatientes en proceso de reincorporación que se dirigieron al ETCR Filipinas desde Tame, Saravena, Fortul y Arauquita –municipios que se encuentran en la frontera con Venezuela, donde está el foco del conflicto– para buscar apoyo y protección en este espacio, según la Agencia de Reincorporación y Normalización.
Por otro lado, la comisión de la Procuraduría registró el confinamiento de la comunidad indígena de El Vigía –etnia Makaguan– y el riesgo de confinamiento de dos comunidades: el resguardo indígena de la vereda El Tigre, integrado por 179 familias, y los firmantes de paz y sus familias que habitan el ETCR Filipinas, “que reportan constantes amenazas contra sus vidas”, según el ente.
El Ministerio Público llegó a Arauca el pasado 3 de enero, tras los hechos violentos que se presentaron entre el 1 y el 2 del mismo mes, para tomar las declaraciones de las familias que llegaron desplazadas de las zonas rurales. Entre los hechos victimizantes registrados, se encuentra en primer lugar el desplazamiento forzado (90%), atentado terrorista (6%), amenazas (3%) y homicidio (1%).
“La amenaza de reclutar a niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos ilegales ha sido una preocupación entre las familias que han tenido que desplazarse de sus hogares. Se ha detectado riesgo inminente en catorce (14) casos, con corte al 28 de enero de 2022”, apuntó la Procuraduría.
Así mismo, la procuradora delegada para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz, Diana Cadena, aseguró que “se sostuvo un espacio de trabajo articulado con las personerías municipales para brindar apoyo en procesos de toma de declaración de eventos individuales y masivos, orientación a las víctimas del conflicto”.
De igual forma, Cadena afirmó que se ha hecho seguimiento a la atención humanitaria para la asistencia de desplazados forzosamente, así como de las víctimas de confinamiento.
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