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El Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia, luego de más de un año de trámites y diligencias, declaró reo ausente y le impuso medida de aseguramiento intramural a Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el máximo jefe del clan del Golfo y narcotraficante más buscado de Colombia.
La decisión, que se había mantenido en reserva hasta ahora, fue proferida el pasado 15 de diciembre en Medellín. De acuerdo con el expediente del caso, conocido por EL COLOMBIANO, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado inició este proceso en diciembre de 2019 en otro despacho judicial.
De los múltiples delitos perpetrados por el clan del Golfo bajo las órdenes de “Otoniel”, desde que se desmovilizó del bloque Centauros de las Autodefensas (2006) e ingresó al cartel delincuencial con base en Urabá (2007), la Fiscalía le imputó en este oportunidad cinco hechos.
El primer cargo es el de concierto para delinquir agravado, por su calidad de cabecilla principal de la estructura, divida en cuatro bloques y 23 frentes que operan en 20 departamentos del país, con células en Venezuela, Panamá y España.
La siguiente imputación fue por terrorismo agravado, en el marco de un paro armado ilegal impuesto por la organización en varias regiones, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2016. “Otoniel” y sus huestes implementaron un régimen de terror y zozobra, en respuesta a la muerte de Jairo Durango (“Guagua”), integrante del estado mayor del cartel, quien fue dado de baja por la Policía en un operativo ejecutado el 22 de marzo anterior en Medio Baudó, Chocó.
Durante 48 horas, los miembros del clan bloquearon autopistas, obligaron al cierre del comercio, incendiaron vehículos, pintaron grafitis y mataron a seis policías y dos militares en distintos incidentes. Una de esas muertes le fue endilgada a Úsuga David, por línea de mando.
La víctima fue Andrés Lugo López, capitán del Ejército, quien estaba de civil e iba en un carro con su esposa, por una vía de Turbo, Antioquia. El 31 de marzo de 2016, en el primer día del paro armado, hombres del clan instalaron un retén ilegal, y cuando el militar se negó a detener su vehículo, lo atacaron con ráfagas de fusil y una granada. El oficial murió y su cónyuge quedó herida, por lo que a “Otoniel” le imputaron homicidio agravado, tentativa de homicidio agravada y porte ilegal de armas.
Otra muerte atribuida a las decisiones del exparamilitar fue la de José Yimer Cartagena Úsuga, perpetrada el 11 de enero de 2017 en el municipio antioqueño de Carepa. El finado de 30 años era líder social, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y miembro del movimiento político de izquierda Marcha Patriótica. Fue obligado a subir a una camioneta, torturado y posteriormente asesinado con armas blancas. Por este caso, la imputación fue por homicidio agravado, secuestro simple, tortura agravada, hurto calificado y agravado.
La última imputación del expediente fue por un desplazamiento forzado de 2014, en San Jerónimo, Antioquia, donde el afectado fue el cantante Diego Ferney Gómez Bedoya. El muchacho, sobrino del rey del despecho, Darío Gómez, fue amenazado por la banda y tuvo que salir del país.
Durante los últimos 12 meses, la evidencia de estos hechos fue expuesta por la Fiscalía y la Dijín ante el Juzgado, que por ley tuvo que publicar edictos en los medios de comunicación, conminando a “Otoniel” a que se presentara al estrado. Pero este hombre, huyendo de la persecución de la Fuerza Pública en el monte, no apareció.
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El paradero de “Otoniel”
Fuentes de Inteligencia, consultadas por este diario, señalaron que hay cerca de 5.000 soldados y policías enfocados en dos territorios, por los cuales se presume que se mueve “Otoniel” con un pequeño grupo de escoltas. Uno de ellos es el Nudo del Paramillo, que le permite transitar entre el monte por la frontera de Antioquia y Córdoba; el otro es el Tapón del Darién, con pasos selváticos y fluviales entre Chocó y Panamá.
Un informante les comentó a los investigadores de la Operación Agamenón, que busca desmantelar al clan del Golfo, que Úsuga David se mantiene de campamento en campamento, comiendo solo enlatados, por lo que habría perdido cerca de 10 kilos en los últimos meses.
En la persecución, la Fuerza Pública colombiana cuenta con el apoyo de la DEA, la CIA, Europol y las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido. Los estadounidenses, que lo solicitaron en extradición por narcotráfico, ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Con la declaratoria de “persona ausente”, Úsuga podría ser condenado por los citados delitos, incluso estando en la clandestinidad. Esta pena se sumaría a otras que datan de sus días de paramilitar, incluida una por homicidio agravado, secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado, delitos derivados de su participación en la masacre de Mapiripán (Meta).
Este crimen, perpetrado por las autodefensas entre el 15 y el 20 de julio de 1997, dejó un saldo aún no definido de víctimas, pues aunque se recuperaron 45 cadáveres, los pobladores aseguran que los muertos pudieron ser más de 100, cuyos cuerpos fueron desaparecidos en el río.
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