Todo objeto para ser apreciado adecuadamente, nos enseña Ortega y Gasset, requiere de cierta distancia: algunos, como los hechos históricos, requieren de una distancia temporal, pues el historiador no puede narrar lo que aún no ha terminado de pasar; otros, exigen una distancia espacial, como la piedra que es preciso acercar para verle sus poros, a diferencia de la catedral, de la que es necesario alejarse.
Pues bien, algunos hechos reclaman una distancia espiritual indispensable para contemplarlos y, por supuesto, enjuiciarlos. Esos hechos, cuya proyección en los procesos jurisdiccionales provoca la aparición de los litigios, reclaman la existencia de un juez imparcial (que no sea parte del litigio procesado y enjuiciado, pues quien hace parte de este, al estarlo viviendo, no puede contemplarlo) e independiente (no sometido a presiones externas).
En todo caso, como es imposible sustraer al juez de su condición humana, de sus ideas y creencias, de su valoración política de la realidad, será necesario, en garantía para un mínimo de civilidad, que este, en un esfuerzo de imparcialidad e independencia, adopte sus decisiones producto de un debido proceso y en exclusiva sujeción al derecho. De procesos y juicios injustos está llena la historia; también, de la descomposición social que suele seguirse a los mismos
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