Medellín está lejos de los escenarios y estadísticas de violencia de los noventa y principios de este milenio, pero ello no puede significar conformismo ni mucho menos descuido frente a los retos mayúsculos que aún tiene en materia de seguridad. Hay que tener equilibrio: ni es aquella ciudad sacudida entonces por el narcotráfico y el conflicto entre milicias y paramilitares, ni es una urbe que pueda permitirse parpadeos frente al combate a las estructuras criminales y al proyecto de respeto de la vida que se ha trazado.
El primer cuatrimestre de este año registró un aumento del 24 % en el índice de homicidios, en relación con el mismo tiempo en 2017. Hay casos críticos como el corregimiento Altavista, donde se pasó de 3 a 13 asesinatos en el período comparado. Le sigue Robledo, que pasó de 16 homicidios a 29 en ese lapso.
También se suman los asesinatos, ataques y balaceras durante la segunda quincena de abril en la Comuna 13, una ladera recordada por la operación a gran escala que debió desarrollar el Estado para desalojar de allí a estructuras milicianas y grupos de autodefensa. Aunque ahora hay un contraste: la respuesta de Alcaldía, Ejército, Policía y Fiscalía permitió que los últimos 9 días no se registrase en la 13 ni un solo homicidio, además de la captura de dos de los más buscados: alias “Juancito” y alias “cucho Iván”, en Robledo.
Hay que citar cifras y sucesos para leer con imparcialidad los mensajes implícitos en esta cadena de hechos: en la 13, la autoridad legítima se impuso rápidamente y recibió, además, la simpatía de las comunidades. No hubo asonadas ni resistencias, como sí ocurrió entre 1998 y 2001. Esa aceptación y ese deseo mismo de la gente de los barrios de no sufrir las tropelías de los criminales habla de una ciudadanía que se transforma, y que reclama y prefiere al Estado y sus instituciones y se desmarca del influjo y la oferta criminal.
Los casi 100 jefes de bandas capturados en Medellín durante los últimos dos años y medio, y el interés de sus organizaciones de sabotear el orden público en Medellín, hacen entendible la reciente oleada de hostigamientos y episodios de violencia que a su vez no se alargan porque hay mayor firmeza y eficacia en una respuesta oficial inmediata y en escalas que imponen control y envían el mensaje de la integración con que actúan la Fuerza Pública y el gobierno local.
Paralelos a estos sobresaltos, y su contención, deben entrar con vigor los planes de atención social, económica y cultural en esos barrios. Tan contundente debe ser el ejercicio legítimo y necesario de las fuerzas de seguridad, como el trabajo intenso de interacción e inversión frente a las necesidades de los habitantes de esas comunas.
Por eso, aunque haya presencia de estructuras criminales e ilegalidad en sectores incluso como el Centro-Candelaria —el más crítico hoy en materia de homicidios, con 37 entre enero y abril—, Medellín no puede caer en la sensación sobredimensionada de que está de vuelta a un pasado tan ingrato como lejano. Hay que hacer ajustes y sostener la ofensiva contra la delincuencia, mientras se corrobora que es con atención social que se frenará la regeneración de bandas y combos.
La meta debe ser que después de intervenir en Castilla, Altavista, San Javier y Robledo, y las comunas que se requiera, en 2018 la ciudad continúe su cambio firme y prometedor.
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