Aunque el Gobierno Nacional cerró 2025 con un recaudo cercano a los $296 billones, las cifras esconden una señal de alerta para las finanzas públicas. El monto quedó $9,4 billones por debajo de la meta oficial, fijada en $305,5 billones en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), y gran parte del crecimiento se explicó por medidas de recaudo anticipado, más que por una mejora estructural de la economía o de la administración tributaria.
El desglose de los ingresos tributarios muestra que la principal fuente de recursos para el Estado en 2025 fue la retención en la fuente. Este concepto aportó $103,61 billones y concentró el 35% del recaudo total.
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En segundo lugar se ubicó el impuesto a las ventas, que generó $64,35 billones y representó el 21,7% del total, seguido por los ingresos provenientes de aduanas, con $50,46 billones y una participación del 17,1%.
Según cifras de la Dian y al analizar el comportamiento desde 2020, la retención en la fuente se ha consolidado como la principal fuente de recaudo tributario del Gobierno de turno. No obstante, el crecimiento más marcado se observa entre 2023 y 2025, periodo que coincide con la administración actual.
En ese lapso, el recaudo por retención en la fuente pasó de $96,44 billones en 2023 a $103,61 billones en 2025, lo que representa un aumento de $7,17 billones, equivalente a un crecimiento cercano al 7,4%.
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Medidas excepcionales evitaron un peor desempeño del recaudo
Con base en estos resultados, analistas advierten que el desempeño del recaudo en los últimos dos años responde principalmente a ajustes normativos, y no a una mejora estructural de la actividad tributaria.
El principal mecanismo fue el recaudo anticipado, a través del Decreto 572, que establece un incremento en las tarifas de autorretención aplicadas a varios sectores.
Según cálculos de Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, las nuevas tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta aplicadas el año pasado implicaron un adelanto del pago de impuestos de 2026 a 2025 por $13,9 billones, equivalentes al 0,8% del PIB.
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“En términos prácticos, es como si un trabajador pidiera un adelanto de su salario de 2026 para cubrir los gastos de 2025”, explicó Mejía, quien advirtió que esta estrategia repite el error de 2023, con el agravante de que no se aprobó una nueva reforma tributaria, lo que abre un hueco fiscal adicional.
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En esta misma línea, analistas del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, indicaron que, del crecimiento acumulado en el recaudo por retención en la renta hasta noviembre del año pasado, el 98% se explicó por dicho decreto.
A ello se sumó la aplicación del IVA a las importaciones de combustibles, una medida que impulsó de forma significativa los ingresos aduaneros.
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Caen las devoluciones de la Dian tras el aumento de retenciones
Estos ajustes tuvieron efectos inmediatos sobre el flujo de recursos, especialmente en las devoluciones de la Dian a los contribuyentes. Al aumentar las tarifas de retención, el Gobierno comenzó a recaudar más impuestos por adelantado, reduciendo los saldos a favor de empresas y personas.
En la práctica, esto se reflejó en una fuerte caída de las devoluciones, que pasaron de $18 billones en mayo de 2025, antes de la expedición del decreto, a $8,3 billones en agosto.
Para los analistas, este nivel es consistente con los promedios históricos, dado que mayores retenciones implican menores montos por devolver. No obstante, alertaron que los recursos adicionales obtenidos podrían traducirse en un faltante fiscal en la siguiente vigencia, al tratarse de un adelantamiento de ingresos que limita el recaudo futuro.
Presión en las finanzas públicas de 2026
Henry Amorocho, consultor y docente en Hacienda Pública y Control Fiscal, advirtió que el problema de fondo es la ausencia de mejoras estructurales en la administración tributaria, lo que se refleja en debilidades persistentes en la gestión de los ingresos, especialmente en el control de la evasión y en la lucha contra el contrabando.
El académico coincide en que el principal riesgo de anticipar ingresos es el aumento de las tensiones fiscales en el corto plazo. Según sus estimaciones, mientras en los últimos tres años la brecha entre el recaudo efectivo y el proyectado ha rondado los $10 billones, para 2026 podría triplicarse, debido a que parte de la renta de ese año ya fue adelantada y a la incertidumbre sobre el éxito de la emergencia económica, con la que el Gobierno busca fortalecer los ingresos fiscales.
“No se observan resultados palpables: el recaudo no crece más allá del ritmo de la economía y se mantiene prácticamente estancado”, afirmó Amorocho, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara para diversificar y fortalecer las fuentes de ingreso del Estado.
Desde la óptica de Gustavo Silva, asesor Tributario, Socio de Silva & Hoyos Abogados y docente de la Universidad Externado, las presiones fiscales se intensificarían si no se mantiene el esquema de anticipos de renta, razón por la cual el Gobierno optó por extender para 2026 las tarifas elevadas de retención y autorretención.
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Si bien esta decisión genera un efecto encadenado de anticipos que contribuye a estabilizar el flujo de caja del Estado, el experto advierte que ese alivio fiscal se lograría a costa de una mayor presión sobre la liquidez y el capital de trabajo de los contribuyentes.
El hueco fiscal que deja el anticipo de rentas
Ese mismo efecto de “patear hacia adelante” el recaudo es el que estaría profundizando los riesgos fiscales hacia 2026. En ese sentido, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, señaló que el anticipo de renta recaudado en 2025, cercano a los $14 billones, sumado a unos $16 billones adicionales por retenciones, configura un escenario complejo para el próximo año. En concreto, dijo, la Dian dejaría de recibir cerca de $30 billones en 2026, al tratarse de recursos ya cobrados en 2025.
“Si se parte de una meta de recaudo cercana a los $305 billones en ingresos tributarios para 2026, según el Presupuesto General de la Nación, a ese monto habría que descontarle los $30 billones ya pagados por adelantado. La pregunta es qué va a hacer el Gobierno”, señaló Junco.
Según el exfuncionario, la estrategia oficial será compensar ese faltante con mayores retenciones y nuevos anticipos durante 2026. De esta forma, el presupuesto no reflejaría un hueco directo de $30 billones, sino que, en el mejor de los escenarios, el faltante se reduciría a unos $14 billones.
No obstante, el problema se agrava porque el Presupuesto General de la Nación contemplaba recursos adicionales provenientes de una ley de financiamiento, inicialmente estimados en $16 billones y luego ajustados a $10 billones. Estos últimos ya no están disponibles, dado que la iniciativa no fue aprobada por el Congreso.
En otras palabras, al cierre de enero de 2026, el hueco fiscal estaría compuesto tanto por los $30 billones adelantados del recaudo de 2026, como por los ingresos que no llegaron a través de la ley de financiamiento.
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La apuesta del Gobierno para cerrar ese faltante ha sido el decreto de emergencia económica. Sin embargo, al revisar sus resultados, el recaudo asociado a esta medida no alcanzaría ni siquiera los $5 billones, según los cálculos del exdirector de la Dian.
En conclusión, se trata de un problema fiscal de corto plazo de gran magnitud para 2026 y para el próximo Gobierno. En palabras de Junco, el país enfrenta la necesidad de una estabilización fiscal urgente, que será extremadamente difícil, dado que el hueco fiscal equivale a tres o incluso cuatro reformas tributarias.
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