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Patrimonio genético del país pasaría de Agrosavia al ICA y enciende alertas

Proyecto del Minagricultura propone cambiar el modelo de gestión de los recursos genéticos. Gremios, expertos y trabajadores advierten riesgos técnicos, jurídicos y de productividad.

  • La base genética del agro depende de condiciones técnicas estrictas para su conservación. FOTO GETTY
    La base genética del agro depende de condiciones técnicas estrictas para su conservación. FOTO GETTY
hace 59 minutos
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La forma en que Colombia conserva las semillas, razas animales y materiales biológicos que sostienen su producción de alimentos está en riesgo de cambiar en cuestión de meses. Un proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura plantea modificar el modelo actual —hoy día en manos de la Corporación colombiana de investigación agropecuaria (Agrosavia)— para pasar a un esquema de custodia compartida liderado por el ICA.

Aunque pareciera un mero trámite técnico, esto podría tener implicaciones directas para el campo. En juego están los llamados bancos de germoplasma: colecciones donde el país guarda semillas de cultivos como arroz, cacao o batata, así como razas animales criollas, los cuales están en custodia de Agrosavia desde 2018, cuando el mismo MinAgricultura se los delegó. Es, en la práctica, la base genética que permite producir alimentos, mejorar cultivos y enfrentar plagas o el cambio climático.

“El banco de germoplasma es, en el fondo, conservar la especie y su pureza genética”, explicó Andrés Valencia, exministro de Agricultura. Continuó que se mantienen desde semillas hasta razas bovinas, porcinas y ovinas criollas que luego pueden ser utilizadas en programas productivos.

Desde la ciencia, la advertencia es aún más contundente. Para Diego Villanueva Mejía, biólogo y docente investigador senior de la Universidad Eafit, estos bancos son “un seguro biológico de la humanidad”, pues contienen información genética acumulada durante siglos y clave para garantizar la alimentación futura”.

Cambio en tiempo récord

El proyecto establece que este traslado se dará, “en un plazo no mayor a cuatro meses contados a partir de ser expedida la presente Resolución, a formulación del Plan de Transición hacia un Modelo de Custodia Compartida”. Además da un plazo de apenas dos meses para construir la política pública que lo regirá. Para estos expertos, se trata de una transición acelerada sobre uno de los activos más sensibles del país.

El eje del cambio es trasladar la administración de los bancos de germoplasma al ICA, entidad con funciones principalmente de control sanitario. Esto implicaría que una institución que hoy supervisa pase también a administrar.

“Si se traslada al ICA, se vuelve juez y parte”, advirtió Valencia, quien cuestionó el sentido del cambio institucional y alerta por una posible pérdida de control técnico.

Custodia compartida: entre inclusión y el riesgo

Otro de los puntos clave de la resolución es la llamada custodia compartida, que propone involucrar comunidades campesinas, étnicas y otros actores en la conservación de estos recursos. “El Plan de Transición (...) definirá modalidades de custodia y operación que permitan la participación de (...) comunidades campesinas, pueblos étnicos y redes locales de conservación, incluyendo casas de semillas, bancos comunitarios y custodios de agrobiodiversidad”, dice en la Resolución del MinAgricultura.

Aunque la iniciativa busca democratizar el acceso, “cualquier universidad o investigador puede solicitar material y usarlo. Eso ya está democratizado”, explicó Villanueva.

El riesgo, dijo, está en trasladar la custodia. “Un banco de germoplasma no es un edificio: es un sistema vivo que requiere cadenas de frío, protocolos científicos y personal especializado”, señaló. El investigador apuntó a que una mala gestión podría tener consecuencias irreversibles: “Lo que se ha conservado por décadas o siglos se puede perder en semanas si falla la infraestructura o el presupuesto”.

Gremio alerta riesgos

Las advertencias más contundentes provienen desde el interior de Agrosavia. El sindicato Sintragrosavia calificó la situación como una “señal política de altísimo riesgo para la investigación agropecuaria pública, la soberanía científica y la protección del patrimonio genético del país”.

El pronunciamiento no solo cuestiona la resolucion, sino que la conecta directamente con un desfinanciamiento progresivo que, aseguran, está debilitando la estructura misma de la entidad. Las cifras oficiales muestran una caída sostenida: Agrosavia pasó de contar con recursos por $299.325 millones en 2024 a $226.754 millones en 2025, luego reducidos a $216.754 millones tras aplazamientos, mismo nivel proyectado para 2026, mientras que el anteproyecto para 2027 apenas alcanza $120.169 millones.

De mantenerse ese escenario, advierten, la reducción sería cercana al 60% frente a 2024 y del 44,6% frente a 2026. “Estamos hablando de golpear la estructura que sostiene talento humano altamente calificado, laboratorios, centros de investigación y funciones estratégicas como la administración de los bancos de germoplasma”, señala el sindicato.

Esto se suma a despidos masivos, pues según el sindicato, durante 2025 la nómina se redujo en más de 290 trabajadores, y para 2026 las proyecciones más conservadoras estiman la salida de otros 600 empleados para ajustar el presupuesto.

“La gravedad es aún mayor porque este desfinanciamiento coincide con el proyecto sobre recursos genéticos”, subrayaron.

El punto más crítico, señalaron, está en el orden de las decisiones: la resolución plantea que el ICA asuma la administración mediante un plan de transición, mientras que el diagnóstico sobre capacidades, inventarios y sostenibilidad se haría después. “Es decir: primero se insinúa el relevo institucional y después se promete hacer el diagnóstico”, cuestiona el sindicato.

Para los trabajadores, la contradicción es evidente. Mientras la política pública habla de fortalecer la investigación, la innovación y la soberanía alimentaria, las decisiones presupuestales y administrativas apuntan —según su lectura— en la dirección contraria.

Más allá del debate institucional, el impacto podría sentirse directamente en la productividad agrícola. Valencia advirtió que una mala gestión del material genético puede degradar su calidad: “Si se pierde la pureza genética de las semillas, los cultivos se vuelven más vulnerables a plagas, bajan los rendimientos y se afecta la productividad”.

El exministro también cuestionó la dispersión del material: “Si se empieza a repartir sin control técnico, se puede perder la riqueza genética que hoy tiene el país”.

La discusión apenas comienza, pero el tiempo corre. Y lo que está en juego no es solo un ajuste institucional, sino la base genética que sostiene la producción de alimentos en el país.

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