El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional avanza en la prórroga de la emergencia económica, una vez se cumplió el plazo inicial de 30 días desde la expedición del decreto en diciembre.
“El anuncio de las medidas se hará en el momento oportuno. Ya se agotaron los primeros 30 días de la emergencia económica y, para darle continuidad, es necesario expedir previamente una declaratoria de prórroga o, en su defecto, una nueva emergencia, para lo cual el Gobierno dispone de un plazo de hasta 90 días”, explicó el jefe de la cartera de Hacienda.
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El ministro explicó que los dos decretos que ya fueron expedidos en el marco de la emergencia económica están garantizando cerca de $12 billones; sin embargo, el total de la ley de financiamiento era de $16,3 billones, por lo que aún requieren otros $4 billones adicionales.
“Estamos evaluando la posibilidad de adoptar otras medidas que nos permitan cubrir ese faltante de recursos, ya que aquello que no se logre garantizar mediante nuevos ingresos tributarios implicaría necesariamente una reducción del presupuesto”, dijo.
El ministro también se refirió a la posibilidad de que se caiga en la Corte Constitucional la emergencia económica y, aunque no dio detalles, dijo que tienen “opciones alternativas”.
“En varias ocasiones nos han preguntado cuál es el plan B, y normalmente preferimos no hablar de un plan B cuando aún estamos ejecutando el plan A. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando la ley de financiamiento estaba en discusión en el Congreso. En su momento adelantamos un debate amplio, franco y sincero, con total disposición a encontrar alternativas en el Congreso de la República”, agregó.
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A renglón seguido, precisó: “Sin embargo, cuando se adoptó una decisión que no respondió a criterios técnicos sino políticos, orientada a afectar al Gobierno mediante la reducción y la no aprobación de la ley, tuvimos que acudir a un plan alternativo. En esta oportunidad, también contaremos con opciones alternativas”.
Los impuestos de la emergencia económica
Lo que se sabe hasta ahora es que la emergencia económica podría prorrogarse hasta por 90 días adicionales y venir acompañada de un nuevo paquete de impuestos.
La declaratoria vigente, que actualmente está bajo revisión de la Corte Constitucional, ya incorporó varios cambios tributarios de alto impacto.
Uno de los más relevantes es el ajuste al impuesto al patrimonio. La base gravable mínima se redujo de 72.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) a 40.000 UVT, equivalentes a cerca de $2.000 millones, lo que amplía de forma significativa el universo de contribuyentes obligados a pagar este tributo.
La emergencia también introdujo modificaciones al impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco.
Productos como vinos, aguardientes y otros licores, que antes tenían una tarifa reducida del 5%, pasaron a tributar con la tarifa general del 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una medida que el Gobierno justifica tanto por razones de salud pública como por la necesidad de fortalecer el recaudo.
En el caso de los cigarrillos, el incremento es aún más marcado. El impuesto por cajetilla subió de alrededor de $4.000 a más de $10.000, de acuerdo con reportes del sector.
A estos cambios se suman nuevos tributos al consumo que, según informó la Dian, entran en vigor con periodicidad bimestral. Entre ellos están el impuesto a los plásticos de un solo uso y los gravámenes a bebidas ultraprocesadas y alimentos con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas.
En la práctica, esto implica que no solo el alcohol y el tabaco enfrentan mayores cargas fiscales, sino también una parte del consumo de alimentos procesados.
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