El gremio de los comerciantes acudió al Consejo de Estado para solicitar la nulidad y suspensión inmediata del Decreto 1469 de 2025, al considerar que el aumento del salario mínimo para 2026 carece de sustento técnico, vulnera el marco legal y pone en riesgo el empleo, las mipymes y la estabilidad económica del país.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7%.
De manera paralela, el gremio solicitó la suspensión provisional urgente de la norma, al advertir deficiencias legales graves y efectos económicos potencialmente irreversibles.
Según Fenalco, el decreto constituye un “exabrupto” que debe ser corregido de forma inmediata para evitar un impacto negativo sobre el empleo, la sostenibilidad empresarial y la economía en general.
De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el Ejecutivo desconoció el marco legal y constitucional vigente al modificar los criterios obligatorios para la fijación del salario mínimo.
La legislación establece que este debe definirse con base en variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional.
Sin embargo, el decreto reemplazó estas variables por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, según el gremio, no tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano.
Además, Fenalco señaló que se desconoció la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) como autoridad técnica para definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elemento central para la medición de la inflación.
Otro de los puntos centrales de la demanda es la falta de explicación técnica en el decreto. Fenalco cuestiona que no se exponga de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justificaban ajustes del 6,21% a un incremento final del 23,7%.
Para el gremio, esta diferencia evidencia una ausencia de rigor técnico y metodológico en la decisión, lo que genera incertidumbre jurídica y debilita la confianza en las reglas de juego para empresarios y trabajadores.
Fenalco advirtió que, de mantenerse vigente el decreto, el país podría enfrentar consecuencias económicas graves. Entre ellas, la pérdida estimada de alrededor de 772.340 empleos, el cierre de innumerables micro, pequeñas y medianas empresas, y un aumento significativo de la informalidad laboral.
Adicionalmente, el gremio alertó sobre presiones inflacionarias adicionales, afectaciones al aparato productivo y un deterioro de las finanzas públicas, efectos que considera difíciles de revertir una vez aplicada la medida.
Ante este escenario, Fenalco solicitó al Consejo de Estado dejar sin efectos el Decreto 1469 de 2025 y suspender su aplicación mientras se adelanta el análisis judicial de fondo. El objetivo, según el gremio, es proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.
“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país”, afirmó Jaime Alberto Cabal, quien hizo un llamado al alto tribunal para que prevalezca el interés general por encima de lo que calificó como intereses politiqueros del Gobierno.
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