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Claro y Movistar estudian fallo que los haría pagar $4,7 billones

  • Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, informó ayer del litigio. FOTO Cortesía EL ESPECTADOR
    Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, informó ayer del litigio. FOTO Cortesía EL ESPECTADOR
26 de julio de 2017
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$4,7
billones suman lo que un tribunal ordenó a los dos operadores pagar al Estado.

Claro (América Móvil), principal operador móvil del país, evalúa acciones legales nacionales e internacionales ante los cerca de 3,1 billones de pesos que tendría que pagar al Estado, según el fallo emitido ayer por un tribunal de arbitramento que dirimió en el litigio legal por reversión de activos de telecomunicaciones a la Nación.

Por su prte, Telefónica Colombia (Movistar) frente a la decisión de la misma instancia que le obliga a pagar 1,6 billones de pesos indicó anoche en un comunicado que “adoptará acciones legales para la defensa de sus intereses, de los accionistas y empleados”.

La decisión, que suma 4,7 billones de pesos, fue favorable al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que convocó en febrero pasado un tribunal de arbitramento, a instancias de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Consultada esta cartera sobre el caso, respondió que solo se emitirá un concepto, una vez sea notificada oficialmente, informó ayer uno de sus funcionarios de prensa.

Por su parte, Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, confirmó ayer la decisión a Caracol Radio, al precisar que es de última instancia.

El litigio entre ambos operadores y la Nación se dio a raíz del fallo de la Corte Constitucional, que en febrero de 2014 ratificó que debían devolver espectro e infraestructura desplegada entre 1994 y 1998.

Según el comunicado emitido anoche por Claro, “la reversión debía aplicarse solo sobre el espectro radioeléctrico, con el fin de fomentar la inversión y la modernización del servicio de telecomunicaciones en el país. Por esta razón rechazamos el cambio al marco jurídico existente”.

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