A dos meses de haber arrancado el 2025, grandes empresas mineras acumulan en sus registros múltiples incidentes que han frenado sus operaciones, entre las cuales se cuentan protestas ciudadanas, bloqueos, ocupaciones de los complejos industriales y ataques con explosivos.
Los casos más sonados corren por cuenta de Cerrejón en La Guajira, Cerro Matoso en Córdoba y Zijin en Antioquia, y más recientemente, EPM advirtió de la situación de riesgo en la central Porce III, debido a actividades mineras no autorizadas desarrolladas en predios de compañía, en los municipios de Anorí y Amalfi.
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Pero el rechazo del actual gobierno a las actividades extractivas y a lo que considera un modelo de explotación destructivo para el medio ambiente y la humanidad, desembocan en que a este tipo de coyunturas no se les ponga remedio y que, al igual que en el caso de las EPS, el fracaso de una compañía derive en el famoso chu, chu, chu que le dé el golpe de gracia a la minería.
Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), es claro que las empresas están enfrentando un deterioro de la seguridad en el territorio, ante la falta de acciones del Estado para detener los hechos violentos en zonas como La Guajira, Buriticá o en río Nechí con la minería ilegal.
Aunque cuantificar las pérdidas es una tarea compleja, la ACM recuerda, a modo de ejemplo, que en el año 2017 Colombia produjo 90 millones de toneladas de carbón, el año anterior solo llegó a 65 millones, aunque esa disminución no puede atribuirse toda a contingencias como los bloqueos.
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Para el gremio minero parte de las soluciones que necesita Colombia tienen que ver con la institucionalidad en los territorios, la inversión y por entender que se pueden hacer contribuciones al cambio climático global a través de los minerales.
“Hoy uno de los principales motivos de preocupación para cumplir con los compromisos de reducción de emisiones es el abastecimiento de minerales, entre esos el cobre. Y eso toca con decisión política y con buenas prácticas ambientales, sociales y estándares como la minería colombiana los tiene”, enfatizó Nariño.
La llegada de Edwin Palma al ministerio de Minas y Energía le pone un condimento adicional al asunto, por lo que las miradas ahora se dirigen a las directrices que trace para el sector.
Descontento que perjudica a Cerrejón
Consultada la empresa minera por EL COLOMBIANO acerca de las causas de las constantes acciones en contra de su operación en La Guajira, responde que la situación es el resultado de carencias sociales, económicas y estructurales que afectan a ese departamento.
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En 2024, Cerrejón enfrentó 333 bloqueos, superando los 242 registrados en 2023, de los cuales el 79% no tuvieron relación directa con la empresa. Esto significó 135 días de operaciones interrumpidas.
La compañía explicó que las principales motivaciones detrás los bloqueos incluyen demandas por la calidad de los servicios públicos y educación, falta de pago a contratistas de entidades como el ICBF, solicitudes de empleo y conflictos entre comunidades.
“Desde Cerrejón, mantenemos una actitud de diálogo y colaboración con autoridades y comunidades para buscar soluciones. A través de nuestra inversión social, impulsamos proyectos en educación, salud, infraestructura y acceso al agua”, anotaron.
Sin embargo, Cerrejón cree que el camino para resolver estos desafíos es el diálogo y el trabajo articulado con el Gobierno y otros actores clave, y no los bloqueos, que terminan afectando el bienestar de la comunidad y la economía.
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Mientras las soluciones aparecen, el balance resulta negativo para la empresa y para el país. “Los bloqueos a la vía férrea y las carreteras generan un impacto negativo en toda La Guajira. Estas acciones impiden el suministro de bienes, restringen la movilidad de personas y empleados, afectan la llegada de insumos esenciales para nuestra operación minera e impiden el transporte de carbón hacia el puerto”, enumera Cerrejón.
A nivel económico, los bloqueos también deterioran la reputación de Colombia como proveedor confiable de carbón y afectan la capacidad de Cerrejón para cumplir con sus compromisos de exportación.
Y es que los clientes de la empresa tienen alternativas en otros países, por lo que la continuidad de la operación es clave para mantener la competitividad del sector.
“Si Cerrejón no logra producir y vender su carbón, los ingresos de la Nación y de La Guajira se ven afectados, pues se disminuyen las regalías e impuestos que recibe el país y que son base para la inversión”, enfatizaron voceros de la empresa minera.
El impacto en la economía local también es significativo. Una reciente encuesta de la Cámara de Comercio de La Guajira reveló que el 90% de los empresarios ha sido afectado por los bloqueos.
Según el análisis económico, durante el primer semestre de 2024 las pérdidas sumaron más de $7.638 millones, reflejándose en bajas ventas, cancelación de servicios, aumento de precios, dificultades logísticas y en las pérdidas de productos perecederos.
Los bloqueos no solo afectan a Cerrejón, sino a los guajiros que dependen del comercio, el transporte y otras actividades económicas. Por eso es fundamental buscar soluciones para evitar que estas situaciones sigan perjudicando el bienestar de esa región.
¿Chu chu chu por vía paquete regulatorio?
Los bloqueos, ataques y acciones contra las actividades de las empresas mineras explicarían, en parte, el por qué esa actividad en algunos periodos del año anterior cayó el 8% en su producción y 61% en la inversión extranjera.
Un aspecto que destaca el presidente de la ACM es que el actual gobierno ha sido el que ha presentado un paquete regulatorio amplio y muy ambicioso, que cambia por completo la manera de hacer minería, lo que está generando una gran cantidad de preguntas e incertidumbres para la inversión y el futuro de la actividad.
De ese paquete hace parte un proyecto que daría origen a un código de minas, que está siendo consultado con las comunidades.
El artículo 27 del texto, por ejemplo, dice que la exploración y producción de minerales estratégicos en el país solo la pueden hacer empresas estatales o empresas de economía mixta, y que cuando se demuestre lo contrario, se podrá contratar con terceros, es decir, con el sector privado.
“También dice el texto que la autoridad minera, sin precisar quién es esa autoridad, en los años siguientes va a determinar en dónde se puede hacer minería. Es decir, son cosas fundamentales que quedan a disposición futura. ¿De quién? No sé. Pero hacia adelante habría una enorme libertad del gobierno para determinar muchas cosas, sin tener claridad de cuáles son los criterios para determinar las áreas en las que se puede hacer minería o no”, explicó Nariño.
Hay otro proyecto en el Congreso, para crear una empresa estatal minera, lo que también genera preguntas, sobre cuál va a ser la participación del sector privado frente a ella o cómo será su gobierno corporativo. “¿La plata de los colombianos debería estar en una actividad riesgosa como es la exploración minera?”, indaga el presidente de la ACM.
Desde el gobierno se argumenta que esa empresa denominada Ecominerales sería la Ecopetrol del sector minero, pero Nariño asegura que habría una gran diferencia.
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“Ecopetrol se dedica a un único rubro, que es producir petróleo y gas. Pero, Ecominerales quiere producir fosfatos, comprar oro, explorar cobre, meterse en todo. Y la minería es distinta, pues una cosa es explorar cobre, otra cosa es producir oro, y otra cosa es comercializar y otra explorar. Ninguna empresa en el mundo, que yo conozca, es una empresa minera de todos los minerales, porque no alcanza la plata, ni la capacidad técnica ni el recurso humano para hacerlo”, afirmó.
A lo anterior se suma una gran cantidad de decretos como el 044, que dice que el Ministerio de Ambiente puede determinar áreas de reserva ambiental sin que se aclaren los criterios de cómo lo va a hacer.
Lo que está sucediendo con las Appa (áreas de protección para la producción de alimentos), al decir de la ACM, también va en detrimento de la determinación del uso del suelo por parte de minería y del sector productivo.
Hasta hay decretos que establecen que las autoridades indígenas tienen competencias ambientales. “¿Tendrán estas entidades capacidad técnica para opinar sobre un licenciamiento ambiental? No lo sé, no creería”, dijo Nariño.
La posición de Cerro Matoso en Córdoba
En respuesta a este diario, la productora de ferroníquel mencionó que en los últimos 3 años se ha aumentado considerablemente el número de bloqueos e ingresos no autorizados a su operación, pasando de tener cero hasta llegar a siete en 2024.
“Si bien la mayoría de manifestaciones no están relacionadas directamente con Cerro Matoso, nos impacta a todos: empleados, contratistas, comunidades y la operación, vulnerando derechos como al trabajo y a la libre movilidad. Reiteramos nuestro llamado al diálogo y nuestro rechazo a estas vías de hecho que nos impactan como sociedad”, se indicó.
El Cerrejón contabiliza más bloqueos cada año
En lo que va de este año la empresa minera contabiliza 26 bloqueos, lo que se suma a cuatro atentados que ha sufrido la infraestructura de la línea férrea, lo que pone en grave riesgo la seguridad y tranquilidad de los habitantes de La Guajira, y genera graves repercusiones económicas y sociales para las comunidades, los trabajadores y sus familias, así como para al país.
Hace un mes, por ejemplo, miembros del movimiento indígena Nación Wayuu bloquearon la línea férrea y a la entrada de Puerto Bolívar, exigiendo respuesta a temas como la inclusión por parte de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, de comunidades adicionales en el marco de la sentencia T-704 y el manejo de regalías en el departamento.
Toma por una semana, afectó la operación de Cerro Matoso
Entre finales de enero e inicios de febrero miembros de la comunidad indígena de Pueblo Flecha ingresaron y ocuparon de forma no autorizada una zona de la operación de Cerro Matoso en el área de la mina, en Córdoba, lo cual obligó a detener las actividades, impactando el derecho al trabajo de empleados y empresas contratistas (la mayoría miembros de esa misma comunidad), incluidas las labores de una compañía comunitaria proveniente de esta misma organización indígena.
Durante esa ocupación se ejecutaron actividades de aprovechamiento forestal y ahuyentamiento de fauna. Este fue el tercer ingreso no autorizado a la operación de la compañía en menos de seis meses por parte de estas personas.
Zijin está en la mira de grupos ilegales desde hace tiempo
En la madrugada del 17 de enero, la mina Buriticá, de Zijin, fue atacada por “organizaciones de minería ilegal”. La empresa denunció que los actos de violencia no solo violan gravemente sus derechos legítimos, sino que también perturban la seguridad pública y el orden económico del Occidente antioqueño.
En 2024, la compañía minera pagó al Estado colombiano más de US$100 millones en impuestos directos e indirectos, y su operación genera aproximadamente 7.500 empleos directos e indirectos.
La empresa pidió a las autoridades tomar medidas para reforzar la seguridad en la región, combatir eficazmente a las organizaciones de minería ilegal y proteger sus derechos legítimos, empleados y contratistas.
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EPM dio voz de alerta por futuro del complejo Porce III
EPM sostuvo que la actividad minera no autorizada en el Nordeste antioqueño están generando un escenario de riesgo para la población ubicada aguas abajo de la zona de descarga de Porce III y el río Nechí. Según se precisó, esa explotación está ocasionando procesos de inestabilidad en los taludes y en la infraestructura de la central hidroeléctrica, y alteraciones en la dinámica del río Porce, incrementando la posibilidad de movimientos en masa y avenidas torrenciales, que podrían afectar a las varias comunidades. La empresa inició acciones legales contra los responsables de las actividades mineras no autorizadas, para velar por la seguridad de las comunidades aledañas y proteger la infraestructura de la central.
