EDP Renewables, la filial de energías renovables del grupo portugués EDP, con sede en Madrid, llevó su conflicto con Colombia a la arena del arbitraje internacional y demandó al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por cerca de 600 millones de dólares.
La demanda, registrada el 10 de diciembre de 2025, está relacionada con el fracaso de sus proyectos eólicos Alpha y Beta en La Guajira. La compañía alega incumplimientos por parte del Estado y un entorno regulatorio adverso que terminó por forzar el abandono de la inversión.
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El reclamo se basa en el presunto incumplimiento del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre España y Colombia en 2005. Frente a esta demanda internacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, liderada por César Palomino Cortés, será la encargada de representar al país en este nuevo proceso legal.
“Alega el incumplimiento del acuerdo entre España y Colombia para la Promoción y Protección de Inversiones de 2005, al exigirle ajustes sustanciales al permiso ambiental de la línea de interconexión y aumentar el número de consultas previas, generando un atraso significativo”, explicó el exministro de Minas, Amylkar Acosta.
El origen del conflicto
EDPR llegó a Colombia en 2019 con dos ambiciosos proyectos eólicos en La Guajira, Alpha y Beta, con una capacidad cercana a los 500 megavatios (MW). En conjunto, estaban llamados a producir alrededor de 2,5 teravatios hora (TWh) anuales, suficientes para abastecer a más de un millón de hogares.
Ese mismo año, ambas iniciativas obtuvieron sus permisos ambientales y, en octubre, la empresa firmó contratos de venta de energía a 15 años tras adjudicarse una subasta estatal. El inicio de la entrega estaba previsto para 2022.
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La compañía avanzó en la contratación de turbinas y equipos, comprometiendo una parte sustancial del gasto de capital previsto. Sin embargo, los confinamientos derivados de la pandemia retrasaron los permisos de la línea de interconexión de 81 kilómetros necesaria para evacuar la energía. Para evitar la paralización total, las turbinas fueron almacenadas en un puerto de La Guajira.
Pero el panorama se complicó a finales de 2022, tras el cambio de Gobierno. EDPR sostuvo que se introdujeron nuevos requerimientos ambientales y que el número de comunidades indígenas involucradas en las consultas previas aumentó de 56 a 113, lo que volvió a aplazar los cronogramas.
En agosto de 2023, el Gobierno expidió el Decreto 1276 con medidas extraordinarias para aliviar la situación del sector, pero la norma fue anulada por la justicia dos meses después, lo que, según la empresa, mantuvo los desequilibrios económicos de los proyectos.
En paralelo, EDPR renegoció con el Gobierno cerca del 80% de los volúmenes de energía pactados en los contratos firmados en 2019 y suspendió las entregas durante más de dos años. Al mismo tiempo, presentó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud para la licencia de la línea de interconexión, cuya aprobación se esperaba para febrero de 2025.
Sobrecostos, devaluación y falta de transmisión: el golpe a la rentabilidad
En la presentación de resultados del primer trimestre de 2024, la compañía ya había advertido que estaba revisando la viabilidad económica de Alpha y Beta. Para diciembre de ese año, cuando anunció oficialmente su salida, EDPR señaló que no había claridad sobre mejoras regulatorias clave, como ajustes al esquema de cargo por confiabilidad, necesarias para hacer viables los proyectos.
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Pero las dificultades no se limitaron al frente ambiental. La compañía también señaló la falta de disponibilidad de activos de transmisión que debían ser construidos y operados por terceros en la región, así como el aumento significativo de los costos de construcción, la devaluación del peso colombiano y el encarecimiento del financiamiento.
En ese contexto, EDPR concluyó que los proyectos ya no cumplían con sus criterios de inversión ni con el perfil de riesgo definido por la compañía, por lo que decidió no ejecutar las inversiones adicionales necesarias para la construcción de los parques eólicos.
El impacto financiero de esta decisión fue significativo. Se estimaron pérdidas de hasta 700 millones de euros asociadas al deterioro de los proyectos, a lo que se sumarían cerca de 200 millones de euros en garantías y pasivos futuros.
La licencia ambiental llegó tarde para revertir la decisión
En mayo de 2025, la Anla anunció la aprobación de la licencia ambiental de la línea de transmisión de los parques eólicos Alpha y Beta en La Guajira; sin embargo, EDP Renewables fue enfática en señalar que esta decisión no modificaba su determinación de abandonar el mercado colombiano ni de retomar la construcción de los proyectos.
En un comunicado, la compañía explicó que, aunque analizaría los términos de la resolución de la Anla, “esta respuesta no altera el proceso comunicado en diciembre de no continuar con la construcción de estos proyectos y de salir del mercado colombiano”.
La empresa insistió en que su decisión obedecía a “los sucesivos retrasos y restricciones del mercado”, así como a las demoras en la emisión de la licencia y otras circunstancias que atribuyó a la gestión gubernamental.
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Durante este periodo, EDP sostuvo que cumplió con las obligaciones de entrega de energía adquiridas en el país y confirmó que inició el proceso de disolución y liquidación de las sociedades Vientos del Norte y Eolos Energía.
No obstante, dejó abierta la puerta a una eventual transferencia de los proyectos. La compañía manifestó su disposición a colaborar para que estos puedan ser ejecutados por un tercero, siempre y cuando existan condiciones adecuadas y el Gobierno asuma un rol activo que garantice una transición ordenada.
Otras multinacionales que también se retiraron del mercado renovable colombiano
Los problemas derivados de los retrasos y de los ajustes regulatorios en el mercado colombiano de energías renovables no golpearon solo a EDPR. En 2023, Enel también resolvió retirarse del proyecto eólico terrestre Windpeshi, en La Guajira, de 200 megavatios (MW), tras advertir demoras prolongadas y un aumento sustancial de los costos.
Ese mismo año, la compañía francesa EDF Renewables notificó su retiro de dos proyectos de energía solar en Girardot (Cundinamarca), con los que pretendía construir una planta con una capacidad de 145 megavatios.
Según explicó, la decisión de salirse obedeció a retrasos significativos en los permisos y licencias ambientales por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Asimismo, hizo hincapié en los cambios regulatorios y fiscales que han ocurrido, como la reforma tributaria de 2022, que impactó las rentabilidades de los proyectos y los beneficios de la Ley 1715, para promover las renovables.
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Más recientemente, en mayo de 2025, la noruega Statkraft formalizó su salida de Colombia al vender a Ecopetrol su portafolio de activos renovables, adquirido previamente a la española Elecnor. La transacción incluyó nueve proyectos solares y eólicos, con una capacidad conjunta cercana a 1,3 gigavatios, distribuidos en regiones como La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué proyectos de EDP Renewables están en disputa con Colombia?
- La demanda de EDP Renewables está relacionada con dos proyectos eólicos ubicados en La Guajira: Alpha y Beta. Estos proyectos tenían una capacidad total de 500 megavatios y se planeaba que suministraran energía a más de un millón de hogares. La empresa abandonó estos proyectos debido a retrasos en permisos y cambios regulatorios.
- ¿Por qué EDP Renewables está demandando a Colombia por 600 millones de dólares?
- EDP Renewables está demandando a Colombia por incumplir el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Colombia de 2005. La empresa alega que cambios regulatorios y retrasos en la obtención de permisos cruciales para sus proyectos eólicos en La Guajira causaron el abandono de los proyectos y pérdidas económicas significativas.
- ¿Qué impacto tiene esta demanda para la inversión extranjera en Colombia?
- Esta demanda refleja las dificultades a las que se enfrentan las multinacionales en Colombia debido a cambios regulatorios y retrasos en permisos, lo que podría afectar la confianza de inversionistas internacionales en el mercado colombiano de energías renovables.
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