El futuro de unos $125 billones de ahorro pensional de los colombianos invertidos en el exterior se decidirá en los estrados judiciales. La reciente expedición del Decreto 0369 de 2026, que obliga a los fondos de pensiones a repatriar capitales y limita sus inversiones en el extranjero a un máximo del 30%, desató una ofensiva legal liderada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) y el gremio Asofondos (que alista demanda).
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El argumento central es demoledor: el Gobierno Nacional buscaría utilizar el ahorro privado de los trabajadores como una caja menor para financiar sus proyectos, violando principios constitucionales y poniendo en riesgo la rentabilidad de las futuras mesadas.
La demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado sostiene que el Ministerio de Hacienda desbordó sus facultades. Según la FEDe, el Gobierno violó el artículo 48 de la Constitución, el cual estipula que los recursos de la seguridad social no pueden destinarse a fines distintos a ella.
Al obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a traer al país cerca de $125 billones en un plazo de cinco años, se estaría subordinando el bienestar de los futuros pensionados a las necesidades de inversión del Estado en sectores como infraestructura y construcción.
El riesgo de poner todos los huevos en la misma canasta
Uno de los puntos más críticos de la controversia es la pérdida de diversificación. Actualmente, cerca del 48,8% del portafolio agregado de las AFP —unos $257,1 billones— está invertido en mercados internacionales.
Esta estrategia no es caprichosa; busca proteger el dinero de los trabajadores frente a la volatilidad local, la inflación y la devaluación del peso. Asofondos advierte que restringir este acceso obligará a los fondos a invertir en un mercado interno que carece de la profundidad suficiente para absorber semejante cantidad de dinero.
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Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha sido enfático en que la rentabilidad histórica del sistema, que alcanzó niveles de entre el 12% y el 17% anual entre 2022 y 2025, se debe en gran medida a estos activos externos.
El gremio presentó un cálculo ilustrativo preocupante: un millón de pesos invertido hace una década en un portafolio diversificado hoy valdría más de $2,3 millones, mientras que en uno exclusivamente local apenas rozaría los $1,5 millones. Esta diferencia del 37% en el ahorro acumulado es la que, al final del día, define si un trabajador recibe una mesada digna o una prestación mínima.
La falta de sustento técnico y capacidad local
La demanda de la Fundación para el Estado de Derecho también cuestiona la lógica técnica del decreto. Señala que el Gobierno no demostró que el mercado de capitales colombiano tenga la capacidad de recibir y rentabilizar los recursos repatriados.
De hecho, FEDe sostiene que el propio documento técnico que soporta la norma contradice la medida, al no acreditar que existan suficientes proyectos idóneos, seguros y rentables en el país.
Desde la perspectiva de los fondos, el problema no es falta de voluntad para invertir en Colombia —donde ya tienen invertidos $270 billones, la mayoría en deuda pública— sino la escasez de proyectos bien estructurados. Imponer un tope global indiferenciado ignora que cada tipo de fondo (Conservador, Moderado o de Mayor Riesgo) tiene perfiles de riesgo distintos según la edad del afiliado.
Un joven de 20 años, ilustra el gremio, necesita la agresividad y diversificación de los mercados globales para hacer crecer su capital, mientras que alguien cerca del retiro requiere estabilidad que el mercado local, por sí solo, no siempre garantiza.
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La visión del Gobierno: inversión para el crecimiento
Por su parte, el Gobierno Nacional defiende el Decreto 0369 como una herramienta de soberanía económica y desarrollo. El Ministerio de Hacienda argumenta que es necesario incrementar el ahorro nacional para financiar sectores con altos multiplicadores económicos.
La administración resalta que, a finales de 2025, la inversión en el país representaba solo el 19,7% del PIB, una cifra que consideran insuficiente para las ambiciones de crecimiento de la nación.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha manifestado que la meta es crear un banco de proyectos donde los recursos de los trabajadores financien la infraestructura que el país necesita. Para el Ejecutivo, no se trata de una medida arbitraria sino de un ajuste prudencial que será gradual: el tope bajará al 35% al tercer año y llegará al 30% al quinto.
El Gobierno asegura que esta visión integral protege los intereses de los afiliados al fortalecer el mercado de capitales local, asegurando que cada decisión estará respaldada por análisis de rentabilidad social y económica.
El futuro de las mesadas en manos de los jueces
El choque de visiones es total. Mientras el Gobierno ve en los ahorros pensionales un motor para la economía nacional, los fondos y expertos jurídicos ven una amenaza al derecho de propiedad de los afiliados.
La demanda de la FEDe pide la suspensión provisional del decreto, advirtiendo que redirigir las nuevas cotizaciones hacia activos nacionales de forma forzosa ya está alterando las reglas del juego.
Si la rentabilidad cae por estas restricciones, el costo no solo lo pagará el trabajador con una pensión más baja; también lo pagará el Estado, que tendrá que asumir un mayor pasivo pensional en el futuro para cubrir las garantías mínimas.
El Consejo de Estado tiene ahora la responsabilidad de decidir si el decreto se ajusta a la Constitución o si, por el contrario, desborda las facultades del Ejecutivo en perjuicio del ahorro de millones de colombianos.
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