En los últimos meses, el Gobierno Nacional adoptó dos decisiones en materia pensional que, aunque fueron independientes en su formulación, generan efectos acumulativos sobre los afiliados y pensionados del régimen privado, conocido como Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Se trata del mayor incremento real del salario mínimo en cinco décadas y de la modificación del parámetro de deslizamiento de este indicador.
Ambas medidas impactan directamente las condiciones de acceso y financiación de las pensiones, especialmente para quienes buscan obtener una renta vitalicia equivalente al salario mínimo.
Entérese: ¿Qué pasará con el pago de salud y pensión tras la suspensión del aumento del salario mínimo?
Como resultado, los umbrales de capital exigidos para financiar una pensión mínima aumentan de manera sustancial. Mientras en 2025 se requerían cerca de 350 millones de pesos para garantizar una mesada de salario mínimo, en 2026 el monto ascendería a alrededor de 550 millones de pesos. Esto representa un incremento de 57%, lo que obligaría a los trabajadores a ahorrar aproximadamente 200 millones de pesos adicionales y, en muchos casos, a extender su tiempo de cotización para alcanzar la jubilación.
Seguro previsional bajo presión por nuevo parámetro salarial
El efecto no solo se limita al capital necesario para pensionarse. También impacta el seguro previsional, mecanismo que cubre los riesgos de invalidez y fallecimiento antes de la edad de retiro y que garantiza el pago de pensiones de invalidez y de sobrevivientes.
Este seguro se financia con una parte de la cotización obligatoria y, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, la suma de la prima del seguro y la comisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no puede superar el 3% del aporte.
Según informó Asofondos, el nuevo parámetro de deslizamiento del salario mínimo está elevando de forma significativa el costo actuarial de las pensiones mínimas que debe cubrir este seguro, lo que presiona el límite regulatorio.
Actualmente, el costo ponderado del seguro para el sector se ubica en 2,63%, un nivel cercano al tope legal. Aunque aún no supera el límite permitido, expertos advierten que, si la dinámica salarial se mantiene y el parámetro no se ajusta, el costo podría sobrepasar el 3% en los próximos años.
De concretarse ese escenario, la operación del seguro previsional bajo las reglas actuales sería financieramente inviable. Las AFP no podrían absorber el sobrecosto y las aseguradoras no tendrían margen para cobrar una prima mayor sin incumplir la ley, lo que abriría un vacío normativo.
Más ahorro y más tiempo de cotización para miles de afiliados
El gremio estima que alrededor de 12.400 personas estarían afectadas por este nuevo escenario. De ese grupo, cerca de 1.300 ya superan la edad de pensión.
En promedio, estos afiliados tendrían que cotizar 4,6 años adicionales para alcanzar el capital requerido. En casos críticos, el aplazamiento podría llegar hasta 20 años más, lo que implica un retraso significativo en el acceso a la jubilación.
El ajuste simultáneo del salario mínimo y del parámetro de deslizamiento, aunque responde a decisiones de política pública distintas, termina generando un efecto acumulativo sobre el régimen privado. El impacto no solo se refleja en mayores exigencias de ahorro, sino también en tensiones sobre la sostenibilidad del seguro previsional y en posibles desafíos regulatorios si el costo supera el tope legal.
En este contexto, el debate se centra en cómo equilibrar aumentos salariales reales con la estabilidad financiera del sistema pensional privado y la protección efectiva de los afiliados.
Le puede gustar: Repatriar el ahorro pensional podría recortar casi $400.000 mensuales de las futuras pensiones de $2,1 millones
Regístrate al newsletter