Se siguen conociendo detalles sobre las investigaciones en contra de Ricardo Roa, que hoy tienen en incertidumbre su continuidad en la presidencia de Ecopetrol. Este lunes 24 de marzo se conoció que la investigación externa contratada por la petrolera y que buscaba esclarecer posibles irregularidades en la gestión de Roa, fue suspendida de manera súbita el 3 de febrero de 2025 por un miembro de la junta directiva, pese a que ya registraba avances clave.
Las revelaciones se conocieron en un reporte del periodista Daniel Coronell para el informativo 6 AM W. Según Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, la decisión de frenar de forma unilateral la investigación fue de Álvaro Torres Macías, presidente del comité de auditoría de la junta. La cuestión fue que tomó esa determinación sin tener competencia contractual para hacerlo.
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“De manera súbita y extralimitada se suspende esa investigación que tenía como propósito profundizar, documentar y presentar a la junta los hallazgos”, afirmó Vergara para ese noticiero.
¿Qué se investigaba y por qué era relevante?
El proceso buscaba esclarecer dudas sobre la compra de un apartamento por parte de Ricardo Roa y una multimillonaria remodelación, así como otros posibles hechos con implicaciones legales en Estados Unidos.
Dado que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, la junta había solicitado a firmas estadounidenses analizar si existían violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lo que obligaba a reportar a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
Una primera investigación, adelantada por la firma Miller & Chevalier, ya había identificado inconsistencias en las declaraciones de Roa. En una entrevista del 2 de febrero de 2024, el directivo aseguró inicialmente haber pagado el apartamento de contado, pero luego reconoció mantener una deuda con el vendedor.
También incurrió en contradicciones sobre su relación con el empresario Serafino Iácono, incluyendo versiones opuestas sobre si pasó la noche en una de sus propiedades.
Tras los hallazgos iniciales, la junta directiva decidió contratar a la firma Covington & Burling para adelantar una investigación más profunda, con tres objetivos: realizar un estudio, desarrollar una investigación formal y emitir recomendaciones.
El proceso avanzaba con entrevistas adicionales, recolección de documentos y preservación de información en equipos de directivos, cuando fue interrumpido.
Vergara aseguró que la firma ya había solicitado documentos que, según indicó, nunca fueron entregados por el presidente de la compañía.
¿Cómo reaccionó la junta directiva?
Aunque la suspensión se produjo el 3 de febrero del año pasado, la junta directiva conoció la decisión solo hasta el 20 de marzo de 2025, cuando Torres Macías presentó su informe.
Si bien hubo desconcierto entre algunos miembros, finalmente la junta avaló la decisión de suspender la investigación.
De acuerdo con Vergara, algunos integrantes expresaron inquietudes, pero no se revirtió la medida.
Para el exdirector de cumplimiento, la decisión impidió conocer posibles evidencias contenidas en equipos de al menos 14 directivos y frenó la documentación necesaria ante eventuales investigaciones de autoridades como la SEC, la OFAC o el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Privó a la empresa y al país de conocer qué alertas y conductas estaban en los equipos”, sostuvo.
Además, señaló que la investigación hacía parte de varias líneas que incluían posibles irregularidades en contrataciones y pagos, como el caso de Termo Morichal, que no pudo concluirse.
¿Qué ocurrió con el exdirector de cumplimiento?
Tras la suspensión, Vergara fue separado de su cargo el 3 de junio de 2025, luego de lo que describe como una campaña de desprestigio, persecución y múltiples investigaciones en su contra.
Aseguró que enfrentó denuncias que calificó como falsas, así como señalamientos por supuestas interceptaciones que negó categóricamente.
También denunció accesos irregulares a su correo corporativo en 294 ocasiones y la existencia de presiones internas por investigaciones relacionadas con contrataciones que no cumplían requisitos.
Vergara advirtió que la suspensión de la investigación y las limitaciones a la función de cumplimiento podrían afectar la gobernanza corporativa de Ecopetrol y su relación con inversionistas internacionales.
En ese sentido, hizo un llamado a que autoridades como la SEC, la OFAC y el Departamento de Justicia intervengan para esclarecer los hechos. “El tema central es la estabilidad financiera, económica y reputacional de la compañía”, concluyó.
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