Aunque la covid-19 ha afectado principalmente a las grandes urbes del país, las áreas rurales también han sufrido las consecuencias de la emergencia económica y sanitaria. En medio de la pandemia, las cifras oficiales indican que el sector agropecuario ha crecido, pero en términos rentables la realidad sería otra para los productores.
Recientemente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que las actividades asociadas a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca han tenido un comportamiento positivo y han crecido 2,8 %, mientras que entre enero y septiembre la economía nacional se contrajo 8,1 %.
A pesar de esta expansión, los sectores productivos han enfrentado la caída de precios y pérdida de rentabilidad. En ese contexto, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aseguró que no sirve crecer si la producción finalmente no es rentable, y explicó que los efectos de la pandemia en el bolsillo de los hogares afectaron el consumo y la demanda de la producción nacional.
“En materia de competitividad es claro que el agro tiene problemas, y estos se agudizaron con la pandemia. El transporte es más costoso y los intermediarios dejaron de comprarle a pequeños productores por la caída del consumo. Estos son solo dos ejemplos que tienen un efecto negativo en la situación del agro nacional”, explicó.
Ante este panorama, el vocero de la SAC resaltó que, pese a la crisis, no se interrumpió el aporte del sector agropecuario a los niveles de ocupación del país (ver gráfico), ya que las cifras se han mantenido sin sufrir cambios significativos, garantizando así el abastecimiento.
Desafíos para competir
Juan José Perfetti, economista agrícola de la Universidad Nacional, planteó que la afectación del campo colombiano refleja una cuestión global ya que “entre los problemas derivados de la pandemia está el quiebre en el relacionamiento entre productores, comerciantes y en general de la cadena agroalimentaria: agroindustrias, restaurantes, y abastecimiento en supermercados y centrales de abastos”.
Por su parte, Diego Miguel Sierra, exsecretario de Agricultura de Antioquia, apuntó que además de la pandemia, es necesario considerar que la crisis del agro va ligada a una problemática de atraso, “lo que impone retos hacia una nueva agricultura con transformaciones modernas hacia lo digital. Es urgente para los agricultores y ganaderos colombianos un cambio de modelo productivo”.
Frente a esto, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, planteó que la eficiencia del agro no requiere grandes unidades productivas y aseguró que su competitividad se estimula con voluntad política en cuanto a dotación de bienes públicos.
Pese a que los expertos mencionados tienen un enfoque distinto sobre la raíz del problema, entre cuestión coyuntural y de atraso, coinciden en que se necesita que el Estado garantice bienes públicos como las vías terciarias de calidad; suministre elementos como sistemas de riego; facilite canales de comercialización directa; y brinde asistencia técnica para el beneficio de los cultivos.
Desde el Ministerio de Agricultura se planteó, frente al problema de comercialización, que está en marcha el plan “Agricultura por Contrato”, que, según sus cifras, facilitó acuerdos comerciales formales directos a 30.000 productores en 2019 y 110.300 en 2020, por un valor de al menos 1 billón de pesos.
Además, esa misma cartera tiene en marcha el “Plan Nacional de Riego”, que planea impactar 60.269 hectáreas de cara a 2022 para mejorar la productividad, implementando riego tecnificado por 2,8 billones de pesos.
Acerca de las vías terciarias, se conoció que el Gobierno avanza en un plan por cerca de 1,6 billones de pesos (para el periodo 2021 - 2022) que beneficiará a 938 municipios del país con el mejoramiento de la estructura vial, a través del plan “Colombia Rural”.
Al respecto, el presidente de la SAC reconoció los esfuerzos, en especial en mantenimiento de vías, pero planteó que las inversiones para el campo deben ser pensadas como políticas de Estado, que no se interrumpan con el cambio de gobierno de turno.
¿Reformar es el camino?
Ante estas problemáticas, se ha hablado de promover una reforma rural o agraria, tema que no es nuevo en el país (ver Cronología). Para el académico Perfetti, hablar de una gran reforma implica intereses políticos que dificultarían llegar a un acuerdo con prontitud. Por eso, considera que una solución ágil implica medidas, con el marco jurídico existente, para resolver problemas inmediatos e identificar los de fondo.
Ingritts Marcela García, directora del Corredor Tecnológico Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca, consideró inoportuna la idea de la reforma y señaló que una necesidad del agro es el trabajo alineado de entidades como el Minagricultura, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para aunar esfuerzos y proyectos en beneficio de los productores.
Asimismo, el exministro Restrepo Salazar descartó considerar nuevas leyes agrarias y planteó que lo que considera urgente es la voluntad para “cumplir oportunamente con el punto número uno de los acuerdos de La Habana, el cual tiene en su entraña una reforma rural integral”.
En sintonía, los expertos académicos y del sector agro aseguraron que las cuatro grandes reformas que se han hecho para la ruralidad han sufrido el infortunio de enfrentarse a cuestiones políticas, lo que ha impedido su implementación a largo aliento, independiente del cambio de Gobierno de turno.
Reto de reactivar demanda
Más que requerir una gran reforma, el presidente de la SAC insistió en continuar con políticas concebidas a largo plazo, con las bases legales existentes, pensando a su vez en medidas urgentes para incentivar el consumo y mejorar la rentabilidad de productores.
Esta búsqueda por impulsar la demanda desde los hogares y comercios, según Bedoya, debe ir de la mano con un plan para enfrentar la reducción en el número de comidas diarias en el país.
Esto, considerando los resultados de la más reciente encuesta de Pulso Social del Dane, en la que se reveló que 1,6 millones de familias en el país pasaron de tener tres a dos comidas al día, en medio de la crisis económica.
