El 6 de diciembre Venezuela está convocada a unas elecciones legislativas para renovar su Asamblea Nacional (AN), pero que hasta ahora generan muchas dudas. El Grupo de Lima, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, entre otros, piden que los comicios se aplacen, pero ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el Ejecutivo de Nicolás Maduro lo aceptan.
Los líderes de la oposición más reconocidos, Juan Guaidó (Voluntad Popular), Henrique Capriles (Primero Justicia), Maria Corina Machado (Vente Venezuela) y Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo), no llevarán a sus fuerzas políticas a la contienda. Así las cosas, la colectividad fuerte será el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): el de Maduro.
Hay otros grupos regionales que estarán en la jornada, como Alianza Progresista y Cambiemos, pero estos son de corte oficialista. Tampoco habrá veeduría internacional. Si bien el Ejecutivo invitó a la Unión Europea a desempeñar esta tarea, esta puso condiciones que el régimen no aceptó.
“Va a terminar siendo una elección en la que, más allá del PSUV, participarán los partidos políticos de la supuesta ‘oposición’ que el gobierno ha venido armando a su medida. Como no hay ninguna opción real para generarle contrapesos, la participación será baja”, asegura Félix Seijas, director de la firma estadística Delphos y profesor de la Universidad Central de Venezuela.
En sus cálculos está que máximo el 25 % de la ciudadanía podría acudir a las urnas. Hay dos variables que podrían cambiar esa proporción: la pandemia y los pasos que den las colectividades opositoras en las próximas semanas.
El CNE, liderado también por el oficialismo, está firme en realizar los comicios. Esta semana presentó las nuevas máquinas de votación electrónica para reemplazar las que se dañaron en marzo en un incendio. Su directora Indira Alfonzo aseguró que “aquí están dadas todas las garantías”.
La cuestión es que sin veeduría internacional esa jornada será vigilada, hasta ahora, por los mismos actores que participan: el régimen y sus partidos afines. Lo que está en juego es el futuro de la única institución del país es controlada por la oposición y que lidera el proclamado presidente interino, Guaidó.
