Crisis en Perú ya deja 7 muertos y una disputa con Colombia

El Gobierno de Boluarte rechazó la intromisión de Bogotá, México, Bolivia y Argentina. Castillo se siente aún mandatario, pero EE.UU. está con la Presidenta.

Las calles de Arequipa arden por las masivas protestas, mientras la presidenta Dina Boluarte pidió cesar la violencia. FOTO Getty

La dura crisis que azota a Perú tras el intento de Pedro Castillo de ejecutar un golpe de Estado –por el cual aún está preso– ya dejaba este martes 7 personas muertas y un frente de pelea diplomática entre ese país y los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia que se han unido para respaldar al encarcelado exmandatario.

En efecto, los mandatarios de estas últimas cuatro naciones –todos de izquierda– se unieron para exigir garantías y respeto por la integridad del ahora presidiario Castillo y mantener el resultado de las elecciones con las que él se volvió presidente hace poco más de un año. Pero el actual gobierno peruano –encabezado por Dina Boluarte– leyó ese mensaje como una afrenta a su soberanía política y judicial. Un gesto de intromisión que se debe rechazar.

“Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado”, aclaró la Cancillería de Perú en su réplica a los ‘socios’ del detenido exmandatario.

Pero mientras se abría este frente de puja diplomática, que México terminó de calentar asegurando que Andrés Manuel López Obrador aún reconoce a Castillo como presidente legítimo de Perú, el exmandatario decía desde una celda que no pensaba dejar el cargo para el que fue elegido hasta el 2026.

Incluso, exhortó a militares y policías a suspender lo que calificó como una represión a las manifestaciones que exigen elecciones generales y su liberación.

“Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo.

Y, en un tono que la oposición calificó de irónico, Castillo agregó que “estoy injusta y arbitrariamente detenido”. Esto lo dijo en una audiencia virtual judicial, en la que se resolvió no dejarlo libre y catalogar como legal la orden de arresto que salió en su contra.

“Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Pero mientras Castillo y sus aliados regionales insisten –sin evidencia– en que el golpe de Estado fue en contra del detenido izquierdista y no fomentado por él, la principal potencia mundial se puso del lado del nuevo mandato de la presidenta Boluarte.

En efecto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró –sin matices– que “reconocemos a la presidenta peruana, Dina Boluarte, y seguiremos trabajando con las instituciones democráticas de Perú, porque esperamos colaborar de cerca con la presidenta y el Estado peruano”.

Y Boluarte, por su parte, intentó bajarle un poco al estado de tensión que hay en Perú y decidió lanzarle una especie de rama de olivo a Castillo.

Aseguró que conoce bien al político del que fue su fórmula vicepresidencial, por lo que planteó la tesis de una posible manipulación sobre Castillo para acusarla –vía redes sociales– de ser una “usurpadora”.

“Yo conozco al presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y llorado, no creo que estas palabras que están saliendo en el Twitter (de Castillo) no son (de él). Lo están utilizando, lo siguen manipulando”, advirtió Baluarte, quien busca que el Congreso le apruebe un proyecto de ley para convocar elecciones generales en abril del 2024.

Eso sí, en otra declaración hecha este martes, la mandataria advirtió que le pedirá al Congreso que analice si ese plazo se puede anticipar, pero dejó claro que no puede acceder a la petición de un sector que está en las calles –que le pide que cierre el Legislativo y convoque ya los comicios– recordando que, por eso mismo, es que Castillo está preso.

Por ahora, hay expectativa sobre cómo se resolverá una crisis que tiende a agravarse y que ya genera preocupaciones en la región.