La líder opositora venezolana María Corina Machado lanzó una alerta internacional al denunciar amenazas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo 1, uno de los principales centros de detención del país.
Según Machado, los prisioneros enfrentan intimidaciones directas y reiteradas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, organismo encargado de la gestión del penal y señalado en reiterados informes internacionales por torturas y tratos inhumanos.
Machado advirtió que estas acciones representan un riesgo inmediato para la vida de los detenidos y constituyen graves violaciones al derecho internacional y posibles crímenes de lesa humanidad.
“Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy”, advirtió la dirigente a través de X.
En El Rodeo 1 permanece recluida la mayoría de los extranjeros detenidos por el régimen venezolano, entre ellos siete ciudadanos españoles de un total de veinte, a quienes la oposición califica como rehenes políticos del gobierno de Nicolás Maduro.
Entre los casos más visibles se encuentran los de los turistas vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados sin pruebas de formar parte de un supuesto complot para asesinar al mandatario, así como Miguel Moreno Dapena, un joven canario capturado en aguas del Esequibo, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana.
A estos se suman otros detenidos de nacionalidad española, como el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y el empresario hispanovenezolano Uaiparú Guerere, quien recientemente cumplió 70 años. Guerere residía en Barcelona y regresó a Venezuela en 2023 para vender sus empresas, pero terminó detenido en un proceso que, según su entorno, comenzó con intentos de extorsión económica.
En medio de la creciente preocupación internacional, familiares de tres de los ciudadanos españoles encarcelados fueron recibidos esta semana por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su primer encuentro oficial tras meses de detención.
La oposición venezolana insiste en que la situación en El Rodeo 1 exige una respuesta urgente de la comunidad internacional ante el deterioro extremo de las condiciones de reclusión y las denuncias de amenazas contra la vida de los presos.
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El 23 de diciembre, el Parlamento venezolano aprobó una ley que contempla hasta 20 años de cárcel para quien promueva o respalde desde Venezuela bloqueos navales y actos de “piratería”, referencia chavista a las incautaciones estadounidenses de buques petroleros.
El proyecto fue aprobado por unanimidad por el partido de Maduro, que tiene mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional.
La “ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales” se propuso poco después de la confiscación de un segundo carguero con crudo venezolano por parte de Estados Unidos.
Otro fue incautado el 10 de diciembre y una persecución a un tercero se produjo el domingo, sin que se conocieran más detalles.
Maduro ha tachado estas acciones de “piratería naval criminal” e insiste en que el objetivo último de Washington es derrocarlo.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, le instó a dimitir.
Estados Unidos desplegó una gigantesca flota en el Caribe bajo el argumento inicial de que el objetivo era combatir el narcotráfico.
La nueva ley contempla que “toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecten la navegación incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (...) será sancionada con prisión de 15 a 20 años”.
Incluye multas de hasta un millón de euros e incautación de bienes.
Leyes similares ya castigan igualmente con cárcel y multas a quien favorezca, por ejemplo, las sanciones internacionales contra el gobierno, como la nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se ha pronunciado además a favor de la estrategia de Trump en el Caribe.
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