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Mundo | PUBLICADO EL 16 septiembre 2021

La lenta muerte de la justicia en Venezuela

  • Entre 2014 y agosto de 2021 se reportaron 183 detenciones de opositores, según la ONU. El control que ejerce Nicolás Maduro sobre el Tribunal Supremo es casi absoluto. FOTO AFP
    Entre 2014 y agosto de 2021 se reportaron 183 detenciones de opositores, según la ONU. El control que ejerce Nicolás Maduro sobre el Tribunal Supremo es casi absoluto. FOTO AFP
  • Entre 2014 y agosto de 2021 se reportaron 183 detenciones de opositores, según la ONU. El control que ejerce Nicolás Maduro sobre el Tribunal Supremo es casi absoluto. FOTO AFP
    Entre 2014 y agosto de 2021 se reportaron 183 detenciones de opositores, según la ONU. El control que ejerce Nicolás Maduro sobre el Tribunal Supremo es casi absoluto. FOTO AFP

Un reciente informe de la ONU relata con detalle el plan del chavismo para acabar con la institucionalidad.

A Freddy Guevara la policía política de Nicolás Maduro lo interceptó en medio de una autopista de Caracas. Lo esposó, lo ingresó a la fuerza a un vehículo y lo trasladó a una celda de donde no se sabría de él por los próximos 34 días. El 15 de agosto pasado cuando fue liberado sin mayores razones, veredictos o justificaciones, el aliado incondicional de Juan Guaidó reapareció en cámaras tan sorprendido como cuando fue raptado. “Sé que mi libertad, como la de todos los venezolanos, es condicional”, dijo. En Venezuela la justicia es una mano invisible que nadie entiende y a la que todos temen.

Irracionales y caprichosos, los tribunales venezolanos reciben ordenes del palacio de Miraflores. Así lo ha concluido el Informe de la Misión Internacional Independiente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Venezuela. En un documento de poco más de 20 páginas, el organismo retrata lo que parece ya la consumación de un plan para controlar la rama judicial del Estado de Venezuela, desde sus mas altas instituciones.

Ante el triunfo electoral de la oposición en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015, la bancada oficialista saliente en una sesión extraordinaria y por mayoría simple de votos, nombró a los 13 magistrados y a los 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia judicial del país. “Según fuentes con conocimiento de causa, 29 de las y los 32 magistradas y magistrados fueron seleccionados de círculos estrechamente alineados con la ideología política del partido gobernante”, dice el informe de la ONU.

Aunque posteriormente otros órganos del Estado intentaron anular dichas elecciones, el mismo Tribunal Supremo lo rechazó. Es decir, los magistrados cuestionados ratificaron sus propios nombramientos. “La importancia (...) se hace evidente dado el nivel de control casi total que el Tribunal Supremo de Justicia ejerce sobre las demás instituciones del Poder Judicial, incluyendo a través del nombramiento y la disciplina de jueces y juezas de tribunales de primera instancia y de apelación y el nombramiento de los presidentes y las presidentas de los Circuitos Judiciales Penales”. El control se irrigó sobre todo el sistema judicial.

Los jueces que, según la Constitución venezolana de 1999, deben ser nombrados por meritocracia, se volvieron un favor político. Pese a que desde entonces no se llevan a cabo procesos de selección competitiva, solo durante 2020 881 jueces fueron nombrados, aprobados por el Tribunal Supremo. Todo se reduce a un entramado sencillo en el que Maduro ordena y los tribunales obedecen. El presidente hace llegar sus mensajes, dice la ONU, a través de tres formas bastante simples.

Todos directas y sin disimulo: “ (...) A través de mensajes directos a las y los magistrados, en ocasiones invitándolas/los a Miraflores; a través de un contacto designado como intermediario; y/o a través de las declaraciones públicas del presidente o Diosdado Cabello, que a veces fueron resumidas en actas y distribuidas entre los magistrados”. Las directrices se llevan a cabo.

Entre 2014 y agosto de 2021, el período de tiempo de estudio, se reportaron 183 detenciones de opositores, tal como la que protagonizó Guevara. La mayoría de jueces ordenan sin sustento diferente que lo que necesite Maduro.

En 102 de las 183 detenciones, la Misión confirmó que hubo funcionarios de alto nivel que hicieron declaraciones públicas sobre el caso, lo que demostró, dice, un acceso privilegiado a la información de los sindicados. Hay “motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias”, finaliza el organismo. La justicia languidece en las manos de Maduro.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Reacciones a las conclusiones

Las reacciones no se hicieron esperar: “Rechazamos el supuesto informe de una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y a los fiscales”, dijo el fiscal general,Tarek Saab. A su vez, la oposición reiteró sus criticas: “Hoy queda demostrado que la fiscalía, los tribunales y el Tribunal Supremo han negado la reparación, la verdad y la justicia de las víctimas y que el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos”, dijo Miguel Pizarro, representante en la ONU de Guaidó.

Juan Diego Quiceno Mesa

Periodista de la Universidad de Antioquia con estudios en escritura de guión de ficción y no ficción.

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