Una ONG y algunos estados demandaron a la administración de Donald Trump por la orden ejecutiva contra el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes demandaron a la administración de Donald Trump por emitir un decreto presidencial que pone fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
“Negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional, también es un repudio imprudente y despiadado de los valores estadounidenses”, dijo en un comunicado Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que formalizó la demanda.
El presidente Trump comenzó su mandato con el propósito de aplicar la salva de medidas anunciadas por decreto para enterrar el legado de Joe Biden y combatir la migración ilegal.
Entre ellos está su plan para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento, así como al derecho de pedir asilo, según informó un funcionario de la nueva administración a periodistas. La medida era una de sus promesas de campaña.
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“Vamos a poner fin al asilo (...) lo que abre un proceso inmediato de remoción sin la posibilidad de asilo. Luego, vamos a poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento”, dijo la fuente.
El presidente ha insistido en ponerle fin a este derecho, consagrado en la Constitución de Estados Unidos y que es otorgado independientemente del estatus migratorio de los padres, mediante una acción ejecutiva.
Por lo que una coalición de 18 estados también presentaron una demanda en Massachusetts contra la medida que consideraron viola los derechos constitucionales.
“La Constitución no podría ser más clara: la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos no depende de la ciudadanía de sus padres”, dijo el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy.
En Washington también se lidera una demanda federal multiestatal que impugna la orden del presidente que intenta “despojar de la ciudadanía a miles de bebés que nacen en Washington cada año”, según anunció el Fiscal General Nick Brown este martes.
La demanda afirma que el presidente “no tiene autoridad para anular la Constitución y que ninguna disposición constitucional o ley lo faculta para determinar a quién se le debe conceder o no la ciudadanía estadounidense al nacer” y tildó la medida como “antiamericana”.
La 14ª Enmienda a la Constitución establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
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La Ley de Inmigración y Nacionalidad también establece que “una persona nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción” es nacional y ciudadano de los EE. UU. al nacer.
La orden ejecutiva del presidente Trump “protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” establece que un niño nacido en Estados Unidos debe tener al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para convertirse automáticamente en ciudadano estadounidense, según resumió la Oficina del procurador general de Washington, DC.
Cabe resaltar que aunque el mandatario republicano tiene “amplia autoridad en materia de inmigración”, la demanda de Washington afirma que el presidente “actuó mucho más allá de los límites de su autoridad legal al emitir esta orden”.
Por lo que el estado busca una orden judicial de emergencia que impida que cualquier agencia federal se base en la orden para negar los privilegios de la ciudadanía (incluidos pasaportes, números de seguridad social, beneficios de atención médica y más) a los bebés nacidos en los cuatro estados incluidos en la demanda.
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En 1995, cuando el Congreso consideró una propuesta de ley que habría negado la ciudadanía a ciertos niños nacidos en los EE. UU. en función del estatus migratorio o de ciudadanía de sus padres, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de los EE. UU. calificó la propuesta de “incuestionablemente inconstitucional”.
Con información de AFP*
