La entidad señaló que el apoyo aéreo ordenado obedeció a la necesidad de proteger a un grupo de 20 militares que estaba cerca de un amplio contingente de ilegales y que estaba en riesgo de ser interceptado.
La decisión, enfatizó la institución, habría estado apoyada por información de inteligencia, que advertía de un riesgo extremo para la Fuerza Pública.
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“Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la Fuerza Pública”, expresó el ministerio.
Además de proteger a los soldados, la dependencia anotó que la incursiva tenía el fin de dar con varios cabecillas como Alias Pescado —hombre de confianza de Mordisco— y alias Jimmy Martínez, cabecilla de la estructura Criminal Primera.
“De no haber sido por la rápida y oportuna intervención, hoy tal vez el país entero —y las familias de estos valientes militares— estaríamos lamentando un atentado terrorista contra las tropas que, día y noche, trabajan por la seguridad y el bienestar del departamento del Guaviare”, argumentó.
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En su defensa, el ministerio argumentó que prueba de la peligrosidad de la estructura bombardeada fue el “abundante material guerra” que posteriormente se incautó, compuesto por al menos seis ametralladoras, 24 fusiles, tres morteros, más de 30.000 municiones, 51 minas antipersonal, entre otros.
En medio de ese contexto, el ente señaló que luego del bombardeo se calculó un total de 26 integrantes de esa estructura neutralizados, cuyos restos mortales fueron entregados a Medicina Legal para las labores de identificación.
Fue precisamente ese instituto el que confirmó este fin de semana que de los 20 cuerpos que ya lograron ser identificados, gracias a sus registros dentales y dactiloscópicos, se encontró que siete ellos eran adolescentes.
En las operaciones posteriores al ataque, el ministerio añadió que fueron encontrados otros tres adolescentes y se atendió médicamente a otro integrante herido.
El Gobierno Nacional añadió que la responsabilidad de que esos menores estuvieran en el lugar de los hechos recaía sobre el grupo armado y no sobre la Fuerza Pública.
“Reiteramos que la responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez”, dijo el ministerio, argumentando además que en el último periodo de gobierno la Fuerza Pública habría rescatado a por lo menos 2.411 menores de edad reclutados, 1.518 de ellos en operaciones militares.
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