Los taxistas de Medellín que están en proceso de chatarrización de sus vehículos -unos 5 mil- y que esperan una indemnización de parte de la Administración Municipal, siguen a la expectativa.
Para el pasado jueves se esperaba una conciliación con los abogados que los representan -Samuel Evans y Carlos León- en una acción de grupo interpuesta en mayo de 2009, pero el abogado de la Alcaldía, Augusto Martínez Benítez, reiteró la posición oficial de no indemnizar a los demandantes.
Su argumento quedó expreso en el acta de la audiencia de conciliación del Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Medellín, donde se lleva el proceso, así:
"...El Despacho le concede la palabra al apoderado de la entidad demandada, quien en uso de ella manifiesta: los miembros del Comité de Conciliación del Municipio, previo los análisis respectivos, deciden no proponer fórmula de pacto o arreglo atendiendo a la decisión que sobre el mismo asunto se había adoptado el pasado 25 de marzo de 2009, la cual consta en el acta 251 caso No.3; en esta se había argumentado que no era procedente la conciliación en los casos en los cuales los propietarios de los vehículos de transporte público chatarrizados solicitan indemnización tras consentir voluntariamente que el Municipio, a través de la Secretaría de Tránsito, realizara el proceso de desintegración física total de dichos vehículos para efectos de reposición, dado que las acciones de indemnización se encuentran taxativamente establecidas en la ley, y la norma por la que se ha venido realizando el proceso no contempla tal posibilidad".
Evans y León dicen que el argumento no es válido, ya que los taxistas no entran a chatarrizar por voluntad sino porque la Alcaldía se los exige para dejarlos ingresar carros nuevos.
"Ellos tienen un patrimonio, pero para competir con taxis nuevos deben endeudarse, por eso exigen que se les pague la indemnización luego de varios años de haber prestado un servicio público". Añaden que los taxis son empresas familiares y no se pueden perder de buenas a primeras a ningún costo.
Los abogados calculan que cada indemnización oscila entre los 5 y 7 millones de pesos, proceso que supera los 70.000 millones, suma que se puede triplicar si no se concilia y llega hasta fallo judicial.
Ayer no fue posible que la Administración se pronunciara sobre el tema.
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