El juez 33 de Conocimiento ratificó la libertad de Carlos Albornoz, exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), investigado por los presuntos actos de corrupción que se habrían presentado dentro de la entidad.
El abogado Jorge Aníbal Gómez, defensor de Albornoz, expresó que la Procuraduría no está habilitada para solicitar la medida de aseguramiento, tal como lo hizo durante la audiencia. Dicha medida no fue pedida ni por la Fiscalía ni por los representantes de las víctimas.
En el pasado mes de enero, el juez 45 de Garantías de Bogotá decidió no dictar medida de aseguramiento en contra del ex director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Albornoz, por presuntamente manejar de manera irregular los bienes incautados al narcotráfico, mientras estuvo al frente de la entidad.
“Los requisitos esenciales para imponer la medida de aseguramiento no se da. No fue demostrado en debida forma por parte de la Fiscalía, ni por el Ministerio Público o por las víctimas la obstrucción de la justicia y tampoco que no comparecerá al proceso. El juzgado 45 se abstiene de imponer medida de aseguramiento en contra d señor Carlos Albornoz”, señaló el juez.
Respecto a lo alegado por la Fiscalía, en su momento, que Albornoz podría obstruir la justicia de quedar en libertad, el jurista afirmó que esto no fue demostrado con pruebas.
Dentro de la intervención de la Fiscalía apoyada por el Ministerio Público respecto a la no comparecencia, el juzgado tiene que decir que no llegaron ningún elemento material probatorio que comprobara esos argumentos”, dijo.
Para el juzgador es claro que el hecho que el procesado cuente con cierto prestigio, no da derecho a decir que va a intervenir en la investigación a su favor.
Según el ente acusador, entre las razones por las cuales debería ser condenado Albornoz, se destaca el irregular nombramiento de Camilo Bula Galeano, como depositario provisional y luego como liquidador de la DNE en el año 2007.
De acuerdo a la Fiscalía. durante dicho nombramiento se violaron todos los procedimientos jurídicos y el cumplimiento de los requisitos legales. Además la entidad investigadora dijo que se le causó un millonario desfalco a la Nación, a través del manejo irregular de bienes de aproximadamente 25 mil millones de pesos.
Al procesado le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica, obtención de documento público falso, fraude procesal, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
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