La gravedad de las denuncias sobre irregularidades en los procesos de investigación que se efectúan en instituciones universitarias resalta por tratarse de una actividad que se presumía incuestionable y libre de toda sospecha, en un sistema como el de la educación superior, llamado a ser guía de la sociedad y a dar ejemplo de pulcritud y transparencia.
Las irregularidades señaladas han comenzado a motivar acciones correctivas y preventivas en las universidades que toman la función de investigar como parte inseparable de la responsabilidad social y tienen conciencia de que no pueden engañar ni engañarse en un momento crucial en que se ha reconocido la importancia de la investigación científica y tecnológica para el futuro del país. Ojalá en todas las corporaciones de educación superior hubiera esa misma actitud que se ha observado a partir del conocimiento de las denuncias hechas hace algunas semanas.
A Colciencias, como entidad rectora de la investigación en Colombia, le toca aplicar mecanismos estrictos para evaluar grupos que aspiren a la acreditación. El Estado no puede eludir la suprema inspección y vigilancia de la educación ordenada por la norma constitucional. Pero el control principal está en la fuente, en las direcciones de investigación y en los mismos grupos y semilleros, para que no haya trasteo de trabajos, inscripción de publicaciones y productos ficticios e impostura de docentes que no estén investigando y figuren en horarios imposibles.
Las universidades dotadas de acreditación institucional de alta calidad, que sólo son diecisiete en toda Colombia, han desarrollado estrategias eficientes de autoevaluación. Han comprendido que la autonomía no puede ser absoluta. Se presupone la disposición a rendirle cuentas a la sociedad por la prestación confiable del servicio público de la educación superior. La auditoría de los procesos de investigación puede ser uno de los modos de control previo y posterior, preventivo y correctivo, para evitar infracciones que pueden causar costos exorbitantes a las instituciones universitarias.
El nuevo énfasis en la función investigativa está demandándoles mejores inversiones financieras a las universidades, tanto públicas como privadas. Pero si se comprueban casos en los cuales no se muestren resultados creíbles, la nómina de investigadores sea ficticia, o se multicopien y presten trabajos entre diversos grupos, el desangre presupuestal puede sumir en el descrédito y el fracaso una actividad que en los años recientes ha venido en alza y ha creado grandes expectativas de avance cultural, económico y social.
Es decepcionante que ciertos vicios seculares del viejo modo de hacer política estén contagiándose a las universidades y vayan emergiendo usos comparables al fraude y el clientelismo. De la universidad como laboratorio intelectual de la sociedad deben salir las propuestas de cambio y renovación, las alternativas de desarrollo en los distintos frentes y las innovaciones en ciencia y tecnología. Por más espejo de la propia sociedad que sea, la universidad debe ser transformadora de costumbres, no reproductora de usos y métodos degradantes, ni clonadora de vectores del virus de la corrupción. La transparencia en la investigación es uno de los grandes retos para las instituciones de educación superior, por su propio prestigio y por las lecciones positivas que pueden aportarle a la nación.
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