El canciller, Álvaro Leyva, anunció que se declarará la urgencia manifiesta para que no se vea afectada la prestación de la expedición de pasaportes en el país.
“Mientras se surte el nuevo proceso de contratación se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, en atención al artículo 42 de la ley 80 de 1993”, pronunció en medio de una audiencia.
El artículo 42 de la Ley 80 define la urgencia manifiesta como una circunstancia que exige, con carácter apremiante, preservar la continuidad del servicio, porque este se ha afectado por situaciones de fuerza mayor, desastres, calamidades o hechos relacionados con los estados de excepción.
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Minutos antes, él mismo declaró desierta la licitación, luego de múltiples dilataciones y escándalos.
Thomas Greg & Sons era la única empresa que estaba participando en el proceso, por lo que se advirtió que no existía libre competencia e incluso personajes públicos como el senador Ariel Ávila, hicieron denuncias ante la posibilidad de favorecimiento.
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Luego, la Contraloría General de la República realizó una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el inminente riesgo de “una intermitencia o hasta una parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.
En su momento, el mayor órgano de control del Estado instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a prevenir la pérdida de recursos públicos, recordando el valor del proceso que alcanzaba los 600.000 millones de pesos.
“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al Estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, decía la comunicación.
