El próximo martes, 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá anunciará su decisión sobre el recurso de apelación que busca revocar la condena impuesta en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha sentencia lo declaró culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y le impuso una pena de prisión domiciliaria por 12 años.
La corporación ya había anticipado que la decisión está tomada, lo que deja al país a la expectativa de si el alto tribunal confirma o anula la primera condena contra un exmandatario colombiano en ejercicio de sus funciones públicas.
El Tribunal analizó las apelaciones presentadas tanto por la defensa del exmandatario como por la Procuraduría. En el caso de la defensa, argumentaron los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana que hubo múltiples violaciones al debido proceso y que, además, la juez que condenó a Uribe tuvo tintes políticos.
“La jueza pretende proyectar una imagen de imparcialidad y neutralidad, pero simultáneamente emite mensajes como ‘la justicia no se arrodilla ante el poder’, ‘no es una revancha’ o ‘este juicio no es político’. Estas expresiones tienen una clara carga política y sesgada y parecen responder a las características específicas y particulares del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que convierten el estrado judicial, que debería centrarse exclusivamente en el razonamiento técnico y jurídico, en una plataforma –y oportunidad- para dar manifestaciones de carácter ideológico y personal que no es de competencia para los funcionarios judiciales encargados de impartir y administrar justicia”, resalta la apelación.
La defensa del expresidente volvió a insistir en la valoración de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su entonces abogado Diego Cadena. Grabaciones que han sido objeto de múltiples decisiones judiciales, entre ellos la condena en su contra, pero que, según la defensa, deberían excluirse por violar el secreto profesional.
El abogado Granados sostuvo que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga”, pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que, según la defensa, se escucharon conversaciones sin orden judicial válida.
El fallo de primera instancia, emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, había encontrado responsable al expresidente por haber supuestamente manipulado testigos en un intento por desvirtuar los testimonios que lo vinculaban con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El proceso contra Uribe, que comenzó hace más de una década, gira en torno a la acusación de que el exmandatario y su entorno habrían intentado obtener declaraciones falsas de exparamilitares presos, a cambio de beneficios judiciales o económicos, con el fin de desacreditar a sus denunciantes.
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