Durante la mañana del martes 14 de octubre, investigadores del CTI de la Fiscalía permanecieron en el edificio Zahir, al norte de Bogotá, donde fueron atacados los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche Arteaga y Yendri Velásquez. Los agentes recogieron cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer el atentado perpetrado por sicarios que, según las primeras indagaciones, salieron del mismo edificio donde vivían las víctimas.
El ataque ocurrió hacia el mediodía del lunes en el barrio Cedritos. Peche, analista político perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, y Velásquez, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+, fueron heridos en las piernas y el abdomen. Los agresores, que residían temporalmente en el apartamento 204 del edificio —mientras que los activistas estaban en el 504—, aprovecharon esa proximidad para planear el ataque.
De acuerdo con información obtenida por El Tiempo, los atacantes se movilizaban en un Mazda 626 Matsuri modelo 1995, color strato perla y de placas PEI-2XX, vehículo que fue abandonado horas después en la localidad de Suba. Dentro del carro, las autoridades hallaron dos pistolas que habrían sido utilizadas durante el atentado. “Se está verificando si la matrícula es la original o se trata de una placa gemelada”, indicaron fuentes de la investigación.
Un informe de inteligencia al que accedió El Tiempo reveló que el vehículo está registrado a nombre de un empresario risaraldense, identificado como Jhon Jairo R. R., propietario también de un local comercial en Dos Quebradas. Las pesquisas se extendieron a Pereira, Circasia y Cartago para determinar la procedencia del carro y las armas, y esclarecer por qué un vehículo asociado a su nombre fue usado en un ataque de este tipo.
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Las autoridades analizan si existen vínculos entre este atentado y otros hechos de violencia en la región, como el asesinato en Santiago de Chile del militar venezolano exiliado Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024. En ese caso fue capturado un integrante de los “Piratas de Aragua”, una facción del Tren de Aragua, organización criminal transnacional que también opera en Colombia y que, según fuentes de inteligencia, ha intentado infiltrarse en redes de migrantes venezolanos.
En Bogotá, el hallazgo de las armas dentro del vehículo —que resultaron ser traumáticas modificadas— ha despertado dudas entre los investigadores. “No corresponde al patrón habitual de sicariato”, explicó un agente consultado por El Tiempo. Las hipótesis apuntan a que el objetivo no era asesinar a las víctimas, sino lanzar un mensaje de intimidación.
Reacciones de mandatarios y lideres de la oposición
Tras el ataque, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que los activistas se encontraban estables y pidió una investigación urgente para esclarecer los hechos. “Solicito a la Fiscalía General desarrollar una investigación rápida que permita identificar a los agresores y conocer los riesgos que enfrentan en el país otros refugiados y solicitantes de refugio”, señaló. El mandatario recordó que ambos líderes “han buscado refugio en Colombia huyendo de la persecución política” y reiteró su compromiso con la protección de la población migrante.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció, anunciando que la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzará los esquemas de seguridad para activistas extranjeros. “Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bienvenida, como se ha demostrado en estos años”, expresó el mandatario.
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El atentado generó rechazo de organizaciones de derechos humanos y líderes políticos. Desde Caracas, la líder opositora y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, calificó el ataque como una “grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región”. Pidió además que el gobierno colombiano garantice la protección de los activistas exiliados.
Peche y Velásquez, quienes se recuperan en el Hospital Reina Sofía, habían denunciado en las semanas previas seguimientos y mensajes intimidatorios. Ambos llegaron al país el año pasado tras huir de la persecución del régimen chavista. Velásquez, reconocido por documentar violencias contra la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, fue detenido arbitrariamente en 2024 antes de viajar a Ginebra para participar en una sesión de la ONU. Peche, por su parte, es consultor político y exasesor de la Asamblea Nacional venezolana durante el período opositor de 2017 a 2018.
El caso ha reavivado las alertas sobre la seguridad de los refugiados venezolanos en Colombia. La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía “una investigación pronta y exhaustiva” y recordó que los solicitantes de refugio “deben contar con respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos”.
Mientras las autoridades avanzan en la identificación de los autores materiales e intelectuales del ataque, la línea de investigación sobre el Mazda y sus armas podría ser clave para entender el alcance de las redes criminales que operan en la capital.
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