Uno de los contratistas, que trabajó en la Dirección para la Superación de la Pobreza y Territorios Excluidos, afirmó que todavía tiene pendientes los pagos de mayo y junio, además del reembolso de comisiones derivadas de actividades realizadas en comunidades vulnerables.
Según relató, la situación ha afectado gravemente sus finanzas familiares. “Esta falta de pago me ha arrastrado a una crisis económica. Soy padre/madre de tres hijos y debido a este incumplimiento institucional me encuentro atrasado en el pago del arriendo, los servicios públicos esenciales y obligaciones financieras”, expresó.
También cuestionó que, mientras avanzaba el proceso de liquidación de la entidad, los contratistas perdieran acceso a sus cuentas institucionales. De acuerdo con su testimonio, los correos fueron suspendidos el 21 de junio sin previo aviso, lo que dificultó cualquier trámite o consulta sobre los pagos pendientes.
”Resulta doloroso e irónico que el ministerio que nació con la bandera de proteger a los excluidos, hoy excluya y vulnere el mínimo vital de quienes trabajamos por el país”, agregó al hacer un llamado al Ministerio del Trabajo y a la firma liquidadora para que agilicen los desembolsos.
Las quejas no son aisladas. Otro excontratista, vinculado entre enero y junio de este año, aseguró que aún espera los pagos correspondientes a abril, mayo y junio. Explicó que el primer honorario, correspondiente a enero, solo fue consignado en julio de 2026, pese a haber radicado la cuenta meses antes.
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Según indicó, varios de sus compañeros atraviesan una situación similar. Afirmó que, aunque han intentado obtener información mediante llamadas, correos electrónicos e incluso visitas a la entidad, no han recibido respuestas claras sobre el estado de sus cuentas de cobro.
Otro de los testimonios señala que los inconvenientes con los pagos se presentaron durante toda la vigencia de los contratos. El exfuncionario aseguró que el proceso de revisión de las cuentas carecía de criterios uniformes y que cada funcionario solicitaba requisitos distintos antes de aprobarlas, lo que generaba constantes devoluciones y retrasos.
A ello se sumaba, según explicó, la obligación de asumir inicialmente los gastos de desplazamiento para cumplir las comisiones de trabajo en zonas apartadas del país. Esos recursos, que en algunos casos superaban los tres millones de pesos, solo eran reembolsados varios meses después.
El contratista afirmó que radicó las cuentas correspondientes a abril y mayo hace dos meses y que, hasta el 15 de julio, seguían sin ser pagadas. Sobre el cobro de junio, aseguró que ni él ni otros excontratistas han recibido instrucciones para presentarlo.
”Desde entonces, no tenemos conocimiento alguno del estado de nuestras cuentas y no sabemos cómo radicar el mes de junio y ante quién”, señaló.
La situación ha causado algunas protestas en edificios públicos, y mantiene en vilo tanto a sindicatos como a contratistas independientes. El Gobierno, sin embargo, aún no da claridad.
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