La agremiación de salud Acuerdos Fundamentales se sumó a las voces del sector que criticaron la no inclusión de algunos actores en las mesas técnicas que convocó el viernes 28 de febrero el Ministerio de Salud para acordar el ajuste y recalcular la unidad de pago por capitación (UPC), que son los recursos que el Estado les da anualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados.
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El gremio criticó que “el talento humano en salud no fue incluido” en ese espacio, a pesar de que los profesionales están “sufriendo de manera directa las consecuencias de la desfinanciación del sistema que se traduce en falta en la oportunidad de pago, deudas impagas por su trabajo, despidos y presiones para desmejorar sus condiciones de trabajo”, como lo dijo su vocera, Clemencia Mayorga.
En ese sentido, Mayorga destacó que las organizaciones médicas y de profesionales de salud tienen propuestas para “concretar el proyecto que se presentó en la Cámara, que debería ser un insumo importante para solucionar los problemas de financiación del sistema” y calificó la no inclusión de estas personas como “otra oportunidad perdida para el Gobierno”.
A modo de contexto, vale recordar que el Ministerio de Salud expidió la Resolución 370 del 28 de febrero de 2025 con la cual se establece la creación de una mesa de trabajo con el propósito de revisar la UPC de 2024, 2025 y de los años siguientes, así como de los valores fijados para 2021, 2022 y 2023.
Lo anterior hace parte de lo establecido por la Corte Constitucional en el Auto 007 de 2025, expedido el pasado 23 de enero, sobre el cual el ministerio intentó hacerle el quite en dos oportunidades: cuando solicitó claridades sobre las órdenes que dio y cuando pidió la nulidad del auto por considerar que solo se basó “en las afirmaciones de las diferentes EPS y sus agremiaciones”.
Según informó la cartera de salud nacional, la mesa de trabajo servirá como un espacio de análisis y contraste de información que le permitirá contar con insumos técnicos para la determinación de la suficiencia de la UPC: un tema que ha sido fuente de debate entre el Gobierno y EPS, gremios de salud y expertos.
En ese espacio estarán el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud; así mismo, harán presencia las aseguradoras y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y las agremiaciones que las reúnen, organizaciones de pacientes y el sector académico, quienes tendrán que designar sus representantes, según lo establecido en la resolución.
Hay que tener presente que el sector farmacéutico también expresó su “desconcierto” por no haber sido incluidos en esta mesa, como lo señaló la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), el gremio de los proveedores de medicamentos.
“Se trata de una industria estratégica que genera empleo directo e indirecto, impulsa la inversión nacional y trabaja articuladamente con la academia para buscar soluciones al abastecimiento de medicamentos, un desafío crucial para la sostenibilidad del sistema de salud”, expresó la Ascif.
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