La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) envió un mensaje a los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado y que están debatiendo la reforma a la salud en las últimas semanas de sesiones en esa corporación. El proyecto del Gobierno lleva más de un año de haber sido radicado y plantea un cambio de 180 grados al sistema.
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Ante esto, esa organización advirtió que en los últimos tres años el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los ministros de Salud que han pasado en ese tiempo —Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo— “insistió en venderle al país la idea de una reforma estructural, asegurando que era indispensable y que resolvería los problemas del sistema”. Aún así, advirtió que esos cambios no eran necesarios “desviaron la atención del gobierno del deber más básico”, que es administrar y cuidar el sector.
Así mismo, la Asociación criticó al Gobierno, del cual aseguró que “no encontramos diálogo, sino descalificación”, en referencia a los técnicos, expertos, sociedades, pacientes y prestadores que han alertado por la crisis que vive el sistema. En ese sentido, dijeron que el Legislativo “prefirió etiquetar voces críticas como oposición y llegar incluso a hacer señalamientos ofensivos contra profesionales que han dedicado su vida al servicio”.
“Hoy, a siete meses del fin de este gobierno, el panorama es devastador: un sistema colapsado, sin rumbo, sin recursos y con barreras de atención que afectan a los pacientes más vulnerables”, sostuvieron sobre la actualidad del sector, marcada por el cierre de servicios, la escasez de medicamentos y el abandono del Talento Humano en Salud.
En ese sentido, la Acsc recordó que recientes informes han encendido las alarmas sobre esta situación. Según datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), 2.033 pacientes con patologías de alto riesgo fallecieron entre enero y noviembre de 2025. Muchos de estos casos estaban “relacionados directamente con la crisis del sistema”; mientras que un reporte de la Unión de IPS (Unips) documentó el cierre de 10.049 servicios de salud en 2024, sobre lo cual se desconoce qué pasó con los trabajadores afectados y con los pacientes que allí recibían atención.
Por otro lado, la organización recordó que durante la visita del presidente Petro al Huila, el testimonio de la doctora Zaira Reyes conmovió al país al narrar la brecha creciente entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. Para la Acsc, sus palabras reflejan la experiencia de miles de profesionales que son contratados por prestación de servicios para integrar los equipos básicos de salud —a pesar de la promesa de formalización laboral— y una politización creciente en la contratación dentro de los hospitales públicos.
Frente a esto, sostienen que no es cierto que la reforma propuesta por el Gobierno solucione esos problemas. Frente a esto, recordaron que los documentos oficiales advierten que la reforma requiere al menos tres años de transición, “tiempo en el que las deficiencias actuales podrían agravarse”; así como que “no tiene respaldo financiero, tal como lo reconoció el Ministerio de Hacienda al advertir que su viabilidad depende de una ley de financiamiento”.
“Sin recursos, sin garantías jurídicas claras y con una concentración excesiva de funciones en la ADRES, este proyecto desconoce principios fundamentales de la Ley Estatutaria y abre la puerta a un retroceso histórico en el derecho a la salud”, expresó el comunicado firmado por el presidente de esa asociación, Agamenón Quintero.
Finalmente, recordaron a los senadores de la Comisión Séptima que han recibido información suficiente para evaluar con rigor que está en juego la salud del país y que el sistema “depende de decisiones que requieren serenidad, valentía y un profundo sentido de responsabilidad”.
Así, insistieron en que los congresistas podían contar con ellos para “construir una reforma seria, responsable y financieramente sostenible” si decidían archivar la reforma; pero que si decidían continuar con esa propuesta, expresaron que “es indispensable corregir sus vacíos y falencias antes de aprobarlo, porque de lo contrario habrá más vidas afectadas, más servicios cerrados y más pacientes desprotegidos”.
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